A frenar las deudas y acelerar las reformas.

La deuda pública del Paraguay está llegando a niveles máximos históricos, acelerada este año por la imprevista pandemia que hizo saltar anticipadamente las alarmas. Sectores políticos de diferentes colores y actores del ámbito privado están advirtiendo que este mecanismo de financiación de gastos e inversiones del Estado debe sufrir un frenazo, no solo por llegar a los techos recomendados por organismos internacionales, sino también por la brusca caída y lenta recuperación esperada de las recaudaciones tributarias. Ante este panorama, el Ejecutivo debe imperiosamente construir consensos políticos y trabajar denodadamente en acelerar las reformas en el sector público, cortar la “grasa” del Estado y hacerlo más eficiente a fin de incentivar y coadyuvar en la recuperación económica. Lamentablemente esto no se ve como una prioridad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La deuda pública del Paraguay está llegando a niveles máximos históricos, acelerada este año por la imprevista pandemia que hizo saltar anticipadamente las alarmas. Sectores políticos de diferentes colores y actores del ámbito privado están advirtiendo que este mecanismo de financiación de gastos e inversiones del Estado debe sufrir un frenazo ,no solo por llegar a los techos recomendados por organismos internacionales, sino también por la brusca caída y lenta recuperación esperada de las recaudaciones tributarias. Ante este panorama, el Ejecutivo debe imperiosamente construir consensos políticos y trabajar denodadamente en acelerar las reformas en el sector público, cortar la “grasa” del Estado y hacerlo más eficiente a fin de incentivar y coadyuvar en la recuperación económica. Lamentablemente esto no se ve como una prioridad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, actualmente muy entretenido en satisfacer a su nuevo jefe en la “operación cicatriz”. El último informe del Ministerio de Hacienda revela que al mes de junio del 2020 la deuda pública del Paraguay asciende a 10.871 millones de dólares, cifra que representa el 30,7% del Producto Interno Bruto (PIB). La declaración de pandemia a causa del covid-19 aceleró el endeudamiento del país a través de diferentes fuentes, a tal punto que solo en seis meses el saldo de nuestros compromisos se incrementó en 2.012 millones de dólares. De seguir este ritmo y tomando en cuenta los planteamientos de la administración de Abdo Benítez para la reactivación económica pospandemia, se estima que a fines de año podría alcanzar fácilmente el 34,5% del PIB. Nuestras autoridades gubernamentales se han pasado repitiendo en los últimos años que un techo razonable a nuestra deuda es el 30% de lo que produce la economía, porcentaje que ya fue superado. Llamativamente, ahora el director de Endeudamiento del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, nos desayuna con que la deuda debe superar el 45% del PIB para considerarla crítica, según recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un argumento infame que nos trae a la memoria la negra experiencia de muchos países, con el ejemplo más patético de la Argentina, que ha soportado una “bola de nieve” de endeudamiento y que a duras penas ha encontrado la semana pasada un parche gracias a una renegociación y quita obtenida con sus acreedores. Lo que preocupa sobremanera es el nivel acelerado de nuestros compromisos. En el 2012, año en que se emitieron por primera vez los bonos del Tesoro colocados a nivel internacional, la deuda pública se situaba en 3.591 millones de dólares (10,7% del PIB). Desde el 2015 los compromisos del Estado se han duplicado en apenas cinco años. Esto en un contexto complicado, en el que la economía cerrará este año con un resultado negativo de 3,5%, un déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) del 7,2% del PIB y una recaudación tributaria que entre enero y julio de este año se ha deprimido en casi 19%. El ministro de Hacienda, Benigno López, se ha visto obligado a pedir a su par de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, que cancele todos los llamados a licitaciones a futuro bajo el argumento de la compleja situación fiscal y la debilidad en materia recaudatoria, como demostración del complejo panorama. En una reciente publicación de ABC, el exdirectivo del Banco Central del Paraguay (BCP) Jorge Schreiner reflexionó que el análisis de la deuda no debe hacerse solo comparándola con el PIB como único criterio válido para argumentar que la misma sigue siendo baja. Para conocer nuestra verdadera capacidad de pago, sugirió compararla con el potencial recaudador del Estado en tributos. Advierte que solo el abono de intereses se llevará entre 11,5% y 15% de la recaudación estatal, sin contar con los pagos de capital, que por cierto comienzan a avecinarse. El porcentaje es elevado tomando en cuenta que el 75% de los tributos ya son absorbidos por los servicios personales del Gobierno Central. EL Poder Ejecutivo insiste en la aprobación de un proyecto de ley de pasivos como medida preventiva. Esto, argumenta, permitirá canjear deudas, mejorar plazos y tasas de interés del 40% de los bonos en circulación. Es sencillamente una autorización para el bicicleteo de estos papeles por un equivalente hoy a 2.746 millones de dólares (esto significará el pago de comisiones por el 5% del monto, lo cual representa unos 137 millones de dólares, cuya distribución ha sido siempre cuasisecreta). Para afrontar esta complicada situación se debe reconocer primero que una parte importante del problema son los malgastos del Estado, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuantificaba en 1.800 millones de dólares, según un informe difundido el año pasado. Son despilfarros en excesos de beneficios a funcionarios, pagos por burocracia innecesaria y corrupción en compras y contrataciones públicas. El Ejecutivo plantea algunas tímidas reformas en este sentido, como una nueva Ley del Servicio Civil (ley de funcionarios), una reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para administrar el elevado déficit previsto en los próximos años, otra para ordenar el organigrama de instituciones del Estado (fusiones), alguna para reformar las compras públicas, entre las principales. Las intenciones sobre estos cambios dejan muchas dudas desde el momento en que el principal responsable de impulsarlas es el vicepresidente Hugo Velázquez, un cuestionado político que tiene un pelotón de familiares colgados de las tetas del Estado y cuya acelerada fortuna desde su ingreso al sector público aún no ha tenido una explicación medianamente razonable. La situación delicada amerita que el propio presidente Abdo Benítez se ponga a la cabeza del proceso de reformas y, así como consiguió el “abrazo republicano” con Horacio Cartes a quien consideraba un “contrabandista”, conforme a sus propias expresiones, logre rápidamente acuerdos con todos los sectores políticos a fin de sacar adelante al país y llevar un poco más de tranquilidad a las ya muy castigadas familias paraguayas.