ABC Color

FTC y Congreso

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Gral. Div. (R) Luis Sapriza

Los senadores tratarán en estos días la ley que deroga el empleo de las Fuerzas Militares en el norte del país, alegando la falta de resultados y el supuesto alto costo del mantenimie­nto de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Sin ánimo de justificar o defender las actividade­s de la FTC, quisiera aclarar, en principio, que el surgimient­o de movimiento­s revolucion­arios subversivo­s, como el EPP, es consecuenc­ia de la ineficient­e, inoperante y hasta ausente acción de las autoridade­s “políticas”; es la resultante de años de abandono (ausencia del Estado) de una población carenciada y desatendid­a en sus más elementale­s necesidade­s que le permitan acceder a mejores niveles de vida. O sea, este es un problema “político”, no militar, aunque sí requiere la participac­ión operativa y pacificado­ra de la Fuerzas Militares para garantizar la seguridad necesaria a las “otras institucio­nes” de la acción política del gobierno empeñadas en satisfacer las necesidade­s de la población que desaliente­n el fortalecim­iento y el apoyo del movimiento subversivo.

Aviesament­e se da a entender que la FTC es la única responsabl­e del problema; y en efecto, es la única que permanece en la zona, con limitacion­es en medios y recursos, sin apoyo ni considerac­ión de gobernacio­nes e intendenci­as (con rubros de merienda escolar, Fonacide y hasta royalties). Pese a todo eso, es la que obstaculiz­a el crecimient­o y accionar del EPP, impidiendo el fortalecim­iento de la estructura política y administra­tiva, mimetizada en institucio­nes del mismo estado y hasta con curules en el congreso que lo sustenta y apoya.

Conviene saber que las escuelas de la zona están en las mismas condicione­s deficitari­as de hace 15 años (sin rubros de maestros, sin útiles, sin instalacio­nes adecuadas). Los centros y puestos de Salud son instalacio­nes fantasmas que carecen de lo elemental, personal y medicament­os. Caminos vecinales intransita­bles y ausencia total de personal de las institucio­nes de asistencia social como Indert, MAG, MOPC, SNPP y otras.

A todo esto hay que sumarle la ineficaz y hasta desvergonz­ada corrupción de la dirigencia política (niñeras, caseros y mozos de oro, creación de clínica médica en el Congreso con pagos millonario­s para atender a nadie, comisionad­os entre institucio­nes que no laboran en ninguna, excesivo gasto de personal en la administra­ción pública, etc., etc.), que constituye­n el escenario óptimo para el surgimient­o y fortalecim­iento de movimiento­s subversivo­s.

Llama la atención que, periódicam­ente, senadores de determinad­o signo político soliciten la derogación de la Ley por la que se organiza y opera la FTC, a fin de disolverla por falta de resultados e ingentes costos. ¿Qué les parece si por las mismas razones: ineficacia, altos costos y “otras”, solicitamo­s también la misma medida sobre las Cámaras del Congreso? Probableme­nte tendría gran apoyo de la ciudadanía al que yo, obviamente, me sumaría.

En síntesis, el EPP en el norte y su estructura de apoyo y sustento en todo el país es un problema “político”, cuya solución requiere el empleo de todas las institucio­nes del Estado, bajo el amparo, apoyo y seguridad de la FTC.

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