Presentaron demanda en el 2002, un año antes de la fuga
El caso Arrom-Martí se inició con la denuncia de Marina y Cristina Arrom, hermanas de Juan, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, el 23 y 27 de septiembre de 2002. Se alegó desaparición y tortura de Arrom y Martí entre los días 17 y 30 de enero de 2002.
Arrom y Martí se fugaron cuando estaban por ser sometidos a juicio oral y público, en agosto de 2003, por el secuestro el 16 de noviembre de 2001 de María Edith Bordón de Debernardi.
Consiguieron el estatus de refugiado político a finales del 2003 (gobierno de Lula da Silva) y pese a los pedidos de varios gobiernos paraguayos, el Brasil no accedió a revocarles su condición. Arrom y Martí fundaron el ahora extinto partido Patria Libre, del cual surgió el EPP.
Seis años en espera
La admisibilidad del caso Arrom ante la CIDH se produjo el 30 de octubre de 2008 (gobierno de Fernando Lugo). El informe de fondo 100/17 de la CIDH surgió el 5 de septiembre de 2017 y concluyó que el Estado es responsable de la violación del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Además le encontró responsable al Estado de la violación de las convenciones interamericanas contra la tortura y la desaparición forzada.
El Estado rechazó las recomendaciones y el caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, el 12 de diciembre de 2017.
En su escrito autónomo de demanda, Arrom, Martí y familiares pidieron, además de las medidas ya solicitadas por la Comisión, la suma de US$ 63.075.000, según anunció el procurador general Sergio Coscia.
La demanda fue contestada por el Estado el 14 de agosto de 2018. El 7 de febrero de 2019 serán las audiencias públicas para recibir testimonios y presentar alegatos finales orales.