No necesitamos una ley especial

La Cámara de Diputados tratará hoy un proyecto de ley de “protección a periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos”, presentado por los diputados Olga Ferreira de López (independiente) y Ramón Duarte (Frente Guasu), que cuenta con dictámenes favorables de las comisiones asesoras respectivas. La iniciativa apunta a “garantizar la vida, la integridad, la

libertad, la seguridad y la estabilidad laboral” de esas personas que estarían “en situación de riesgo” por las tareas que realizan, beneficiando también a los miembros de su “núcleo familiar o social más cercano”. Para ello, crea un

“Mecanismo Nacional”, compuesto por seis miembros titulares y tres suplentes, que durarán cinco años en sus funciones y que no podrán ejercer otro empleo, cargo o comisión, salvo la docencia a tiempo parcial. Esa entidad “fungirá como órgano de toma de decisiones, coordinación, consulta y auxilio técnico para las autoridades competentes en la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las personas beneficiarias”. Sus decisiones serán aplicadas por una Secretaría Ejecutiva y el Presupuesto nacional deberá incluir las partidas necesarias para su buen funcionamiento y para la “contratación del personal necesario”.

Cuándo no: para encarar cualquier problema, la solución está en crear una nueva estructura burocrática para los amigos, como si el funcionariado no estuviera ya suficientemente obeso en la actualidad. Total, los proponentes no van a pagarles el sueldo de sus bolsillos.

Y bien, en la exposición de motivos se destaca que el proyecto de ley implica un “reconocimiento específico al colectivo de periodistas, como suministradores de información a la sociedad, como catalizadores de denuncias ciudadanas, pero también como verdaderos defensores de los derechos humanos”. Justamente por eso, porque se pretende otorgar una protección especial a los periodistas, diferenciándonos de los demás trabajadores, es que la iniciativa debe ser rechazada íntegramente.

Quienes nos dedicamos al periodismo no somos personas de primera categoría que debamos gozar de un tratamiento privilegiado. Hemos escogido libremente la profesión, a sabiendas de los riesgos que implica, como también lo saben quienes eligieron ser policías, por ejemplo, sin que los mismos gocen de ninguna garantía especial.

La Constitución ya es suficientemente garantista en este sentido, al establecer que toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad, y que la Policía Nacional tiene la misión, entre otras cosas, de preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes. Si ella no distingue entre las personas según la profesión que ejercen o la actividad que realizan, no hay razón para sancionar una ley especial que ampare a algunas de ellas, so pretexto de que corren algún riesgo. Dada la inseguridad reinante en el país, también los ganaderos, los comerciantes o los transeúntes están en peligro de ser asaltados, secuestrados o asesinados, pero a nadie se le ocurriría promover una ley singular que establezca un órgano burocrático para atender los requerimientos

de cada uno de esos colectivos.

A lo que los periodistas sí tenemos derecho, como todos los ciudadanos, es a que los agentes de policía, los fiscales, los jueces y la Defensoría del Pueblo cumplan con sus

respectivas obligaciones, con honestidad y eficiencia .El dinero público que se vaya a destinar al “Mecanismo Nacional” debería ser empleado, más bien, para precautelar la vida, la libertad y los bienes de todos los habitantes del país, entre ellos, los periodistas, sin distinción alguna.

También se podría poner en tela de juicio qué protección podría dar el “Mecanismo Nacional” si la amenaza o la agresión que sufrimos los periodistas proviene de las propias autoridades o de los narcotraficantes instalados en los tres Poderes del Estado. Lo que nosotros requerimos para trabajar en libertad son garantías reales proveídas por los organismos existentes en el marco de la legislación en vigor, es decir, lo mismo que precisan nuestros conciudadanos en general para ganarse el pan sin miedo a ser víctimas de algún delito.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se subraya, con toda razón, la importancia de la labor periodística, pero de ella no se infiere que quienes la realizamos debamos estar mejor protegidos que los médicos o los docentes, cuya función social también es muy útil, imprescindible, si se quiere. Los proyectistas señalan que “prevalece la falta de

esclarecimiento de los crímenes” cometidos en perjuicio de periodistas y “la consolidación de una situación de impunidad, en muchos casos, con origen en los mecanismos dilatorios que facilita el proceso judicial”, tanto que la falta de investigaciones concluidas impediría conocer con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes. Pero los delitos impunes no solo nos afectan a los periodistas, sino también a muchos otros ciudadanos, sobre todo cuando están involucrados altos personajes en delitos de corrupción. La iniciativa en estudio no se ocupa ni puede ocuparse de estas graves cuestiones, que son atribuibles más bien a la venalidad o a la indolencia de los agentes policiales, de los fiscales y de los jueces. Pero la objeción de fondo tiene que ver con la igualdad, que incluso es vulnerada cuando se dispone que uno de los aspectos que el “Mecanismo Nacional” debe considerar para autorizar la inclusión de alguien en un Plan de Protección es “la relevancia de las actividades de la persona beneficiaria”, es decir que no todos los periodistas mereceríamos igual protección por el solo hecho de serlo: se consagra así la desigualdad dentro de la desigualdad, que torna inviable el proyecto en cuestión por vulnerar disposiciones constitucionales.

En suma, lo que hace falta es que las autoridades nacionales combatan en serio las organizaciones delictivas, que atentan no solo contra los periodistas, sino contra los ciudadanos y las ciudadanas sin distinción.

La mejor defensa que podamos tener los periodistas es que la libertad de expresión sea garantizada a todos los habitantes del país, como manda la Constitución, y que para

el efecto los trabajadores de la prensa tengamos garantizado el libre acceso a las fuentes de información.