Presión tributaria y retribución del Estado
Lic. Nicolás González Oddone (*)
Hace unos días, ABC publicó unas interesantes declaraciones del Dr. Dionisio Borda, quien en otras palabras afirmaba que la presión tributaria en nuestro país es muy baja, que la misma debiera ser progresiva y acercarse a los niveles de los otros países de la región. Mi primera objeción a estas afirmaciones sería que, aunque las estadísticas digan que la presión tributaria en Paraguay es aproximadamente del 13 % del PIB y relativamente baja, la presión real sobre los contribuyentes formales sería mucho más alta, dado que la informalidad en nuestra economía supera el 60%. Dejo a los expertos calcular la real presión tributaria de quienes operan dentro del marco legal, la que categóricamente es muy superior al 13 % del PIB.
Mi segunda objeción sería que cualquier aumento en la presión tributaria, debiera venir acompañada de una mejor calidad del gasto público en los servicios básicos, que todo estado debe brindar a sus contribuyentes y que son, entre otros: a) seguridad física y jurídica de las personas y de sus bienes, b) calidad aceptable de salud que permitan llevar una vida segura, confortable y productiva, c) nivel educativo apropiado para que los gobernados puedan insertarse al mercado laboral, ganándose la vida digna y honestamente, contribuyendo al desarrollo del país, y d) infraestructura física adecuada que permita el fácil tránsito de personas y bienes, coadyuvando al desarrollo socio económico del país.
Solamente una vez que nuestro Estado haya cumplido aceptablemente bien con sus obligaciones mencionadas más arriba, un aumento de la presión tributaria tendría legitimidad y hasta podría ser aceptada por nuestros –actualmente pocos y sufridos– contribuyentes nacionales.
Pasemos ahora a analizar, brevemente, los déficits que nuestro gobierno tiene en el cumplimiento de esos cuatro servicios esenciales mencionados anteriormente. Aclaro que estas deficiencias no son culpa exclusiva del Gobierno actual, ya que ellas vienen de administraciones anteriores que hicieron poco o nada para solucionarlas. a) En lo que respecta a la seguridad interna opino, salvo prueba en contrario, que la misma ha llegado a los niveles más bajos de los últimos tiempos, debido mayoritariamente al azote del EPP, que mantiene en zozobra a todo nuestro país por el actuar impune de un puñado de delincuentes refugiados en una pequeña zona de la región oriental. En este caso, la opinión pública ya ha reconocido a la FTC y otros organismos de seguridad, como absolutamente ineficientes. Me pregunto qué pensarían, si pudieran hacerlo, nuestros heroicos combatientes de la guerra del Chaco que, con una inferioridad numérica de 3 a 1 y con armas arrebatadas al enemigo, recuperaron más de 121.000 km² de nuestro Chaco Boreal. b) En cuanto a la educación pública en Paraguay, el BID la ha ubicado entre las peores de América. ¿Qué más podríamos agregar nosotros? c) En el ámbito de la salud, mencionemos el hecho aislado pero sintomático de muchísimos conciudadanos que cruzan la frontera con Argentina para recibir allí, en forma gratuita, una atención médica infinitamente superior a la que jamás podrían tener en Paraguay. Y todo eso a pesar de que muchos de ellos y sus patrones aportan en su conjunto el 25,5% de sus ingresos al IPS. d) En el caso de las obras de infraestructura física, es también claro que el actual Gobierno no ha podido abordar este problema en forma eficiente, ya que la mayoría de nuestras rutas, caminos, puentes etc., están en muy mal estado. Y aunque hay que reconocerle la oportuna y muy necesaria creación de la ley de las APP, lamentablemente cada licitación bajo esta modalidad jurídica tiene serios cuestionamientos no aclarados suficientemente por el ministerio del ramo.
Luego es mi opinión que, dada la baja calidad de ejecución de aquellos cuatro servicios mencionados anteriormente, nuestro Estado no debiera ni siquiera mencionar la pretensión de ningún aumento impositivo. Antes bien tendría que demostrar, ofreciendo resultados concretos y verificables en el corto plazo, que está realmente abocado a retribuir a los pocos y sufridos contribuyentes, la carga impositiva que actualmente les impone.