Ley 352 PADE y titulación de la tierra agropecuaria

La nueva Ley de Políticas Agroalimentarias de Estado 352, del 18 de enero de 2023, PADE, sancionada por el presidente Laurentino Nito Cortizo, en la Feria de San Sebastián de Ocú, recientemente, establece en el Capítulo Quinto, en su artículo 85: “La ANATI, deberá ajustar su plan operativo a los lineamientos, pilares y ejes estratégicos determinados por el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Agropecuario y Rural y rendirá trimestralmente un informe de la labor de titulación de la propiedad agraria al Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Política Agroalimentaria de Estado”. Estas acciones inmediatas deberán corregir el gran atraso que tiene nuestro país en la legalización de la tenencia de las tierras agropecuarias, distorsión socioeconómica que afecta el desarrollo de la economía rural. El prestigioso economista peruano, Dr. Hernando de Soto, sostiene que las tierras sin legalizar su tenencia constituyen un “capital muerto” para sus propietarios por no tener acceso al crédito; impidiéndole ejercer la mínima actividad económica a él y su familia que los podría sacar de la pobreza y pobreza extrema.

En declaraciones públicas, dadas por el actual director de Anati, asegura que hay en esa institución 100 000 (cien mil) solicitudes pendientes de trámites para la legalización de la tenencia de las tierras agrícolas en todo el país, basados en las memorias anuales, solo se entregan el 6.5 % del total de los expedientes en trámites. En todas las provincias existen innumerables pequeños y medianos agricultores que aseguran que funcionarios de Anati ofrecen tramitar sus solicitudes para legalizar la tenencia de sus tierras, cuyos derechos posesorios los tienen desde muchas décadas heredados de sus antepasados, siempre y cuando les paguen grandes sumas de dinero o “coimas” para titular sus tierras. Esa modalidad de “servicios públicos” la hemos visto denunciada por ciudadanos norteamericanos en periódicos muy reconocidos en los Estados Unidos; que han adquirido tierras panameñas de playas, o en otras áreas y necesitan legalizar su tenencia.

Los muchos que asistimos a los debates de la hoy Ley 352, de Políticas Agroalimentarias de Estado, PADE, fuimos testigos de las intervenciones de grupos de productores y asociaciones de gran trayectoria, como los es Anagan (Asociación Nacional de Ganaderos) que promovieron la inclusión en la Ley el artículo 85 y el transitorio número 86 de la Ley 352 PADE, del 19 de enero de 2023: “Artículo 86 (Transitorio) se establece un periodo de noventa días, a partir de la promulgación de la presente Ley, para que el MEF, en coordinación con el MIDA y la Anati, establezcan los precios mínimos y máximos del valor por hectárea en tierras de producción agrícolas para su titulación”.

Esperamos que, sustentados en el artículo 123, dentro del Régimen Agrario de nuestra Constitución que establece: “Artículo 123: El Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas u ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta”, establezcan mecanismos para lograr de forma expedita y gratuita la legalización de la tenencia de alrededor del 30 % del territorio nacional que aún está por titular. Dejando de ser un “capital muerto”, generando actividad económica para disminuir la desigualdad socioeconómica en el Panamá rural y comarcal. ¡NO LE REGALES EL PEZ AL HOMBRE, ENSÉÑALO A PESCAR!