Desprestigiada Asamblea dilata proyecto de extinción
ALGUNOS ABOGADOS REZAN PARA QUE NO SE APRUEBE EL PROYECTO 625 CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.
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Aspectos relevantes sobre extinción de dominio”, se denominó la conferencia que organizó este miércoles la Asamblea Nacional de diputados, donde la posición de las dos expositoras fue abiertamente en contra del proyecto de ley 625, que busca eliminar el músculo financiero de las organizaciones criminales.
El evento tuvo lugar desde las 9:00 de la mañana en el auditorio de la Asamblea Nacional y contó con más de 30 diputados entre principales y suplentes, además de los integrantes de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, como también figuras como el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal y otros.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, poco antes de dar por terminada la actividad, dijo que la idea es que el país pueda tener opiniones variadas, no opiniones que nacen de un solo lado que busquen presionar a la Asamblea nacional para que apruebe un proyecto de ley que no es cónsono con la Constitución.
Ávila citó además, el proyecto de Código Procesal Civil, presentado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, días atrás e indicó que “la pregunta sería, si nos abocamos directamente a la discusión del proyecto de extinción de dominio, ¿qué papel tiene discutir un Código Procesal Civil?”
El parlamentario comparó el documento de la CSJ, en el sentido que fue el resultado de un plan de trabajo institucional que duró tres años en preparación, estructurado en seis etapas sobre reflexión del proceso civil, acopio de la legislación nacional comparada y la redacción del proyecto de Código y otras tres. Miguel Antonio Bernal, por su parte, insistió que el referido proyecto 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos encierra un peligro para las garantías constitucionales.
“Felizmente se ha abierto una rendija de debate, que con esta conferencia de ayer son tres que se han dado, las expositoras fueron contundentes en cuanto a las violaciones que conlleva esta pretensión”, advirtió.
Jonathan Rigg, secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, respondió que “lo peligroso para nuestro país es no legislar para combatir la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones, el proyecto 625 de extinción de dominio propuesto por este ministerio a través de una mesa técnica en conjunto, reune las mejores prácticas de la región”.
Añade Riggs, que el ministerio busca con el proyecto, quitarle a las organizaciones criminales, el músculo financiero que promueve la violencia en todas sus manifestaciones. “Que muestren ante la faz pública, a quién que se le ha procesado por extinción de dominio es un empresario honorable, lo que me señalan es que quienes están defendiendo a personas ligadas a la criminalidad organizada están buscando evitar que se incorpore en Panamá una ley que va a atacar las finanzas provenientes de la criminalidad”, apuntó el funcionario.
Expositoras
Sandra Macollins Garvin, abogada colombiana, acuñó la idea de que el proyecto de ley 625 no garantiza el procedimiento a favor de terceros de buena fe, tampoco el cumplimiento de términos judiciales ni define la administración de los bienes, y menos garantiza el debido proceso y las garantías constitucionales.
Macollins Garvin fue la defensora
de los colombianos acusados de asesinar presuntamente al presidente de Haití, Jovenel Moïse y del exguerrillero de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc), alias Martín Sombra, este último confesó que entrenó a niños guerrilleros y grupos especiales quienes comían carne humana.
De acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, “Macollins Garvin trabajaba en el año 2009 en casos de narcotráfico extraditables y otros de resonancia internacional, como el de Hely Mejía Mendoza alias ‘Martín Sombra’, acusado en Estados Unidos de terrorismo por su participación en el secuestro de tres estadounidenses. Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, rescatados en el 2008, en una operación denominada Jake.
En cuanto a la abogada Edna Ramos Chue, años atrás fue la representante legal de Adolfo ‘Chichi’ de Obarrio, llamado a juicio el 4 de diciembre de 2018, por el Juzgado 15, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por una presunta lesión contra el Estado panameño por más de 44 millones de dólares, según la fiscalía.