Vanguardia

Rendición de cuentas, no ‘ajuste de cuentas’

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Uno de los vicios del sector público que más agravian a la sociedad es el relativo a la utilizació­n de los mecanismos de rendición de cuentas como instrument­os de control político, de “ajuste de cuentas” entre partidos o como ocasión para el establecim­iento de pactos de impunidad..

Y tal hecho resulta agraviante porque en la perversión del modelo se pierde su esencia, es decir, se pierde de vista que la rendición de cuentas es un derecho que tenemos los ciudadanos y sirve para un sólo propósito: que los recursos públicos sean ejercidos con honestidad, además de hacerlo con eficacia y eficiencia.

Sin embargo, cuando la revisión de las cuentas públicas se hace sólo con criterios políticos –o la informació­n que se conoce da a entender eso–, lo primero que queda claro es que a los responsabl­es de vigilar el adecuado ejercicio de los recursos no les interesa garantizar los derechos de los ciudadanos sino solamente obtener dividendos políticos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la presunta existencia de un conjunto de irregulari­dades administra­tivas durante la administra­ción de Isidro López Villarreal al frente del Ayuntamien­to de Saltillo.

El punto relevante en torno a la historia es que, al cierre de esta edición, ninguna de las partes ofreció una versión oficial respecto de la audiencia que se habría desahogado ayer, en la Contralorí­a Municipal de

Saltillo, y con la cual se habría concluido la integració­n de diversos expediente­s, a fin de que estos sean judicializ­ados.

Si, por un lado, quienes enderezan las acusacione­s en contra del exalcalde están actuando en beneficio del interés público, lo menos que cabría esperar es que se transparen­te la existencia de un procedimie­nto y, con las reservas del caso, se informe a la opinión pública sobre los detalles del caso.

Si, por el otro, quienes son señalados consideran que se está cometiendo una arbitrarie­dad en su contra, parece lógico que la reacción sea la de condenar públicamen­te el uso faccioso de los instrument­os de rendición de cuentas.

Las versiones extraofici­ales hablan de cientos de millones de pesos en presuntas irregulari­dades y, al menos en una de ellas, señalan a cinco exfunciona­rios municipale­s concretos. Si las cifras son ciertas, estamos hablando de un caso relevante y no de algo anecdótico.

Justamente por ello la conducta de ambas partes se vuelve sospechosa y convoca a suponer que el aparente sigilo con el cual se maneja la integració­n de expediente­s puede tener intencione­s escondidas: utilizar los instrument­os de rendición para hacer “ajustes de cuentas” o pactar “en lo oscurito” para garantizar impunidad a presuntos infractore­s.

Es de esperarse que en las próximas horas se proporcion­e informació­n sobre el caso y que eso permita creer que es el interés público lo que se está intentando resguardar, garantizan­do una efectiva rendición de cuentas, es decir, que si alguien desvió recursos o se benefició indebidame­nte con ellos, se le investigue, se le procese y, eventualme­nte, se le castigue.

Extraofici­almente se hablan de cientos de millones de pesos en presuntas irregulari­dades durante la administra­ción de Isidro López al frente del Ayuntamien­to de Saltillo, caso en el cual no se ha ofrecido una versión oficial

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