Lucha anticorrupción, ¿qué tan en serio va?
La corrupción es, sin dudarlo, el gran problema a resolver en las democracias contemporáneas. Pero si en alguna región del mundo eso es particularmente cierto, en Latinoamericana –donde el fenómeno alcanza cotas de escándalo– es literalmente.
Y es que un día sí, y al siguiente también, en los países de la región “estallan” escándalos que revelan a los políticos, de todos los signos ideológicos, como individuos carentes de la más elemental ética pública y del mínimo rubor como para sustraerse a la tentación de enriquecerse de forma ilícita.
En países como México el asunto es “pan de todos los días”: del uso de universidades públicas como “coyotes” a la sustitución de medicamentos requeridos en quimioterapia por agua destilada, pasando por un largo etcétera en el que cabe cualquier cosa que la imaginación sea capaz de concebir; la corrupción parece un mal endémico e incurable.
¿Cómo puede combatirse la corrupción de forma eficaz? La más reciente respuesta ofrecida por nuestra clase política ha sido la creación de un “sistema anticorrupción”, de carácter nacional y estatal, que implica el establecimiento de un mecanismo de coordinación institucional inédito por su amplitud y complejidad.
La promesa es la misma que se ha realizado en otros momentos de la historia: ponerle coto a la corrupción, perseguir y castigar a los corruptos y terminar con el paraíso de impunidad en que se ha convertido al país.
Pero, ¿cómo saber si en esta ocasión la promesa se convertirá en realidad? ¿Cómo saber si esta vez vamos en serio? Como se ha dicho en ocasiones anteriores, la mejor forma de acercarse a una respuesta cierta es atenerse a indicadores, es decir, a la medición sistemática de datos que apunten en la dirección que se espera avanzar.
Uno de esos indicadores es el de la capacitación que se esté brindando a los funcionarios públicos, en general, a fin de que se vayan modificando los patrones de conducta en los cuales descansa la corrupción. Y aquí es donde aparecen las malas noticias.
Porque de acuerdo con el INEGI, los funcionarios públicos del país –incluso en aquellas entidades en las cuales se ha hecho más– los números no son nada halagüeños; durante la última medición realizada sólo un pequeño porcentaje de los funcionarios municipales habían recibido alguna capacitación en el tema.
Por lo que hace a Coahuila, la cifra se antoja incluso ridícula: apenas el dos por cierto de los empleados municipales fue capacitado de alguna forma en el combate a la corrupción durante 2016. Y si bien se trata de una estadística que pudo sufrir modificaciones en el último año, la experiencia recomienda no ser excesivamente optimistas.
Además, aún cuando los funcionarios públicos hayan sido capacitados eso no implica que se encuentren “listos” para hacerle frente al fenómeno pues, como bien sabemos, el problema radica en la cultura de excesiva discrecionalidad que caracteriza al servicio público.
Con los datos a la mano, no parece que el combate a la corrupción vaya muy en serio.
En Coahuila apenas el dos por cierto de los empleados municipales fue capacitado de alguna forma en el combate a la corrupción, y eso fue en el 2016