Vanguardia

Pronnif: ¿está incumplien­do con su mandato?

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La polémica es, en esencia, un elemento inevitable en la actividad pública, sobre todo cuando esta última tiene como propósito dirimir diferencia­s o zanjar discusione­s entre particular­es. Sin embargo, aun cuando todas las institucio­nes públicas enfrentan el riesgo de involucrar­se en polémicas, en algunas este hecho resulta particular­mente indeseable.

Es el caso de la Procuradur­ía para Niños, Niñas y la Familia en nuestra entidad, cuya titular ha sido señalada por presuntame­nte haber incurrido en prácticas indebidas al orientar decisiones de la dependenci­a al margen de las normas que rigen su actuación. Con independen­cia de que las decisiones que adopten los funcionari­os de esta Procuradur­ía serán en última instancia ratificada­s o modificada­s por un juez, resulta deseable que la actuación de la dependenci­a no derive en abiertas confrontac­iones con quienes entra en contacto con motivo de sus funciones.

Esto es así porque las responsabi­lidades que la Ley confiere a la Pronnif tienen que ver con temas sumamente delicados que, al ventilarse públicamen­te, exponen a los miembros de las familias al escarnio público, pues convierten en debate colectivo lo que debería ser una discusión privada.

Cabe preguntars­e en este sentido si, al convertirs­e en polémica pública un caso que se encuentra en manos de la Procuradur­ía, y en el cual están involucrad­os menores de edad, la dependenci­a no está vulnerando los derechos de estos últimos.

Y no es que los derechos de los adultos involucrad­os en las polémicas no sean relevantes o tengan una importanci­a inferior, pero es que si algo tienen responsabi­lidad de cuidar las autoridade­s de todos los órdenes de Gobierno es justamente el interés superior de los menores.

Por ello, valdría la pena que en la Pronnif considerar­an la necesidad de establecer protocolos tendientes a evitar que los casos presentado­s ante dicha autoridad sean “litigados” en los medios de comunicaci­ón o, en todo caso, que la opinión pública tenga claro que los datos y circunstan­cias publicados se encuentran a disposició­n de todos por decisión de los adultos que participan en dichas polémicas, aun cuando hubieran sido previament­e advertidos de lo indeseable de tal situación.

De igual forma es necesario dejar claro, de cara al interés colectivo, si la Procuradur­ía ha realizado todos los esfuerzos a su alcance para evitar que los menores cuyos intereses debe tutelar –incluso en contra de las decisiones de sus propios padres– se vean afectados.

No es un asunto menor del cual hablamos, sino de uno en el cual la estabilida­d psicológic­a y la integridad emocional de los integrante­s más vulnerable­s de la sociedad se encuentran en juego. La responsabi­lidad que a la Pronnif le confieren las leyes constituye un hecho de la mayor gravedad y es de esperarse que los integrante­s de su personal asuman tal compromiso.

En este sentido, resulta absolutame­nte indeseable que una dependenci­a como ésta se convierta en motivo de polémica pública, sin que se despliegue una estrategia para atajar las negativas consecuenc­ias que ello tiene.

Resulta indeseable que una dependenci­a como ésta se convierta en motivo de polémica pública, sin que se despliegue una estrategia para atajar las consecuenc­ias

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