¿ES URGENTE PARA EL PAÍS LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA PENAL?
El mandato constitucional sobre la reforma penal de 2008 estableció el 18 junio de 2016 como fecha límite para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Es decir, nuestro sistema de justicia penal es aún muy nuevo. Por lo mismo, la evaluación de sus primeros tres años aún está en proceso y no se conocen bien sus resultados y áreas de mejora. De acuerdo con México Evalúa, el porcentaje de delitos no denunciados continúa por encima del 90% a nivel nacional y del total de delitos que fueron conocidos por las autoridades, únicamente en la mitad se dio algún tipo de determinación, siendo el “archivo temporal” la figura más usada con más de 60% de los casos. El reto para asegurar justicia para todos es enorme, pero de ahí a modificar por completo nuevamente nuestro sistema penal actual que costó años de trabajo y recursos, es otra cosa. No podemos estar reinventando el país cada seis años, generando incertidumbre, descontrol, ineficacia y abuso de los derechos que pretendemos proteger. Deberíamos estar trabajando más bien en hacer cumplir lo que se tiene, asegurar que haya justicia para todos, independientemente si se tienen recursos o no y, sobre todo, que no haya discrecionalidad ni impunidad. Esos son los problemas más apremiantes de la justicia en México, por lo que tenemos que enfocarnos en hacer valer la ley, antes que hacer una gran modificación con un nuevo cambio de rumbo, que costará tiempo y mucho dinero. Lo que hay que corregir en México no es la Constitución ni las leyes, sino hacer que éstas se apliquen sin importar nada más. Vivir en un verdadero estado de derecho implica que la ley se cumpla y se haga cumplir a rajatabla, que no hay sesgos ni corrupción en la impartición de justicia, que todos los ciudadanos y gobernantes tengamos inculcado el respeto a la ley como un valor supremo. En la desesperación de todos porque la violencia no disminuye y queremos que dejen de haber abusos y se haga justicia, es fácil caer en la tentación de atentar contra las garantías individuales: presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, arraigos, quitarles dinero y bienes a quienes creemos que cometieron un delito sin juicio previo y aumentar penas, pero hay que recordar que en un sistema de justicia aún tan imperfecto como el nuestro, todas estas acciones pueden fácilmente violar los derechos de muchos y culpar y atentar en contra de inocentes y sus familias. Hagamos las mejoras con la cabeza y sin prisas.