Jueces por concurso

“Yo llamo a la reconsideración de este tema, por favor, para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados. Son personas estudiosas y valiosas”.

EN BUENA HORA vinieron los temblores en el Tribunal Electoral federal. La magistrada presidenta, Mónica Soto, destituyó al secretario general de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Gracia, y nombró en su lugar a Ernesto Santana Bracamontes. EL CAMBIO ocurre en medio del proceso de calificación de las elecciones del 2 de junio. El personaje destituido es el alfil del magistrado Felipe Fuentes, quien ha sido un aliado muy leal de Soto. El inesperado cambio tiene que ver con muchas de las elecciones locales que tocarán la puerta del Trife. Soto decidió que su antiguo amigo Fuentes ya no tenga mano en la entrada de los expedientes.

ESO SÍ: para evitar quejas, la comisión que elaborará el proyecto de validez de la elección presidencial será encabezada por Fuentes y el magistrado Felipe de la Mata. El proyecto no reporta mucho problema dada la ventaja inobjetable de Claudia Sheinbaum.

TAMBIÉN fue removida la subsecretaria de Acuerdos, Blanca Ivonne Herrera. En su lugar quedó Roselia Bustillo, quien igualmente es del equipo de Mónica Soto. Por si se pierden las actas, ya hay alguien cercano que las encuentre.

A QUIEN le está, literalmente, haciendo agua la gobernabilidad es a Mara Lezama, la mandataria morenista de Quintana Roo. La razón es el descontento que existe entre los miles de damnificados que han dejado las lluvias e inundaciones, sobre todo en Chetumal.

LOS POBLADORES se quejan de que el gobierno estatal no supo o no quiso tomar medidas efectivas de prevención ante las tormentas. Fallaron tanto las labores de mantenimiento de la infraestructura pluvial, como las de protección civil para evitar que colapsara la ciudad.

Y LO PEOR vino después: de acuerdo con los testimonios, la administración de Mara Lezama ha tenido una reacción lenta ante la enorme cantidad de calles inundadas y gente afectada. Y ayer amanecieron también inundadas varias zonas de Cancún.

EL PUNTO es que el ciclón pegará de lleno en territorio nacional, entrando por el Golfo de México. Se espera que los gobernadores de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León sí tomen las previsiones necesarias.

INTERESANTE reto les puso enfrente la Presidenta electa a los diputados y senadores de Morena, PT y Partido Verde: echar abajo la reelección de alcaldes y legisladores... que ellos mismos disfrutan plácidamente.

SÓLO EN el Senado, la 4T tiene 19 senadores que estarán otros seis años en su escaño por la vía de la reelección, unos como pluris y otros por mayoría. Entre ellos están Citlalli Hernández, Malú Micher, José Álvarez Lima, Ana Lilia Rivera, Félix Salgado Macedonio y Lucía Trasviña. Y ni modo de pensar que, por congruencia, dejarían sus escaños. ¿Verdad?

Estoy absolutamente de acuerdo con la magistrada Paula María García Villegas, quien pidió en un video en redes sociales que el Poder Judicial “siga siendo un sistema en donde los mejores jueces y magistrados, a través de concursos, a través de los conocimientos que tengan, a través de estudio, sean quienes lleguen al puesto de jueces y magistrados. Tenemos juzgadores y juzgadoras muy valiosos y muy valiosas en el Poder Judicial federal, que se han dedicado materialmente en cuerpo y alma a la justicia”.

La magistrada es una de muchas juzgadoras que han asumido el trabajo judicial como vocación: “Es un trabajo tenso, de mucho estrés; es un trabajo donde tienes que tener vocación de servicio”. Ante las constantes acusaciones del presidente López Obrador a jueces, magistrados y ministros por su supuesta corrupción, esta visión se vuelve relevante. Tiene razón García Villegas cuando dice que “la salida de 1,600 jueces y magistrados” de sus funciones, “personas estudiosas y valiosas”, constituiría “un golpe de Estado, porque desaparecía todo un poder público, el Poder Judicial”.

Jueces y magistrados han guardado silencio mientras los políticos dirimen el tema de la reforma judicial sin conocer realmente su trabajo, pero García Villegas es una mujer valiente. En octubre de 2023 participó en las manifestaciones para defender los fideicomisos del poder judicial. Quizá no sorprenda: es hija de la doctora Olga Sánchez Cordero, cuyos fallos en la Suprema Corte abrieron nuevos caminos a la justicia. Duele por lo tanto que haya retirado de las redes el video en que defendía el Poder Judicial.

Entiendo que no son tiempos fáciles para cuestionar los designios del poder. Este lunes 17 la rectoría de la UNAM se deslindó de un estudio de juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma del presidente. Esa mañana el presidente había acusado a “los directivos de la UNAM” de haber dado línea a los investigadores. No leyó el documento, pero sí lo descalificó: “¿Qué se tienen que meter?”. El estudio es prueba, afirmó, de que “se derechizó la UNAM”. El deslinde de la rectoría, sin embargo, ha generado mayor preocupación. Nadie ha pretendido nunca que un trabajo de algún investigador represente la posición de toda la institución, pero no es común que la casa de estudios se deslinde de un trabajo de sus investigadores. Parece una claudicación.

En este ambiente de miedo me parece muy importante haber escuchado a la magistrada García Villegas. La corrupción es, sin duda, un problema muy importante en nuestro país, solo que la reforma del Poder Judicial ni siquiera se preocupa del tema. La elección directa de jueces no solo no resolverá ningún problema de corrupción, sino que seguramente lo agravará. El crimen organizado intervendrá para influir en las elecciones de jueces como lo ha hecho en las de alcaldes.

Lo que más inquieta es que la destitución de más de 1,600 juzgadores, que han logrado sus cargos a través de durísimos concursos de oposición, será un golpe brutal para la justicia de nuestro país. De un plumazo el sistema perderá el conocimiento acumulado de leyes, precedentes y jurisprudencia. En vez de fortalecer la carrera judicial, como han hecho los gobiernos democráticos, el presidente quiere destruirla.

Mucho mejor sería preservar el sistema de concursos de oposición para que prevalezcan los conocimientos y no la popularidad o la promoción política. De hecho, lo ideal sería aplicarlo también a los ministros de la Suprema Corte. Necesitamos jueces con vocación por el servicio judicial y no que deseen utilizar los tribunales como trampolín para una carrera política.

La elección directa de jueces no solo no resolverá ningún problema de corrupción, sino que seguramente lo agravará.

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