La ONU, pendiente del caso Guanajuato
No es gratuito que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) en nuestro país, hiciera un exhorto al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para resolver el crimen en contra del abogado Francisco Javier Barajas Piña, y hacer la recomendación de brindar protección a los colectivos de familiares de personas desaparecidas en nuestro estado.
El caso del joven abogado asesinado es de un impacto tal que se trata de un activista converso, luego de que su hermana fuera desaparecida por criminales, y que él, como miembro de la Comisión Estatal de Búsqueda, la encontrara finalmente en una fosa clandestina de Salvatierra.
Javier Barajas Piña estaba aportando sus conocimientos en leyes y su sentimiento profundo, como familiar de una víctima, a la Comisión, y casi seguramente por ello fue cobardemente acribillado en el Centro de Salvatierra.
Se trata de un mártir del activismo en favor de la localización de personas desaparecidas. Además, el ataque fue un mensaje para amedrentar a los colectivos que, sabemos bien, no desistirán en buscar a sus seres amados, a costa de su propia seguridad.
Sin embargo, y lo está señalando la propia ONU-DH, es urgente que el Gobierno del Estado brinde protección a los 13 colectivos de búsqueda que se han conformado en nuestra entidad, en esa valiente y triste actividad de buscar a sus familiares desaparecidos.
Diego Sinhue, en un hecho por demás reactivo, publicó una carta en la que ordena a la Fiscalía General del Estado a trabajar en todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas, bajo carpeta de investigación o no, además de procurar la protección de los integrantes de los colectivos de búsqueda.
La propia secretaria de Gobierno estatal, Libia Denisse Muñoz Ledo, se ha comprometido a trabajar con los colectivos y las comisiones de búsqueda, pero no siempre se ha hecho con el respeto de la dignidad de las personas, sus derechos humanos y garantías individuales.
Recordemos que una protesta de los colectivos de búsqueda fue reprimida y que miembros de esos grupos fueron detenidos y luego puestos en libertad más por presión social que por convencimiento propio del Gobierno.
La falta de empatía gubernamental con esas personas ha sido una constante, cuando no una negligencia criminal porque en un principio nuestro Gobierno negaba la existencia de personas desaparecidas y aún más, la existencia de inhumaciones clandestinas.
El descubrimiento de entierros ilegales, por decir términos sinónimos, y el hallazgo de restos de más de 300 personas, nos ubican entre las primeras tres entidades con este tipo de hechos.
Las fosas clandestinas encontradas solo pueden representar una parte, no sabemos en qué proporción, de las que puedan existir realmente. Por ejemplo, en la Sierra de Guanajuato, en la Sierra de Santa Rosa y en la Sierra de Lobos, no se han buscado entierros ilegales.
Ha ocurrido que muchos organismos de la sociedad civil han brindado apoyo a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, más de lo que las instancias de gobierno lo han hecho.
No es de ahora, pero el Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, que cuenta con más de ocho mil miembros, ha brindado su solidaridad y su apoyo a víctimas de distintos delitos.
Tan solo podemos citar que se ha mantenido, por parte de nuestro Colegio, el apoyo para mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración con los institutos municipales de la mujer.
En ese mismo sentido, el Colegio de Abogados ha expresado su solidaridad en favor de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y lo reitera para brindar acompañamiento en cualquier caso de proceso legal, así se trate de que existan carpetas de investigación o no.
Lo hemos hecho antes, hemos brindado apoyo legal sin cobrar un centavo, o dependiendo de las posibilidades económicas de nuestros agremiados, solo con el cobro de copias de documentos y no porque no seamos profesionistas que no requieren de un ingreso, sino porque en primer grado somos ciudadanos que compartimos las mismas necesidades de seguridad y justicia.
El gremio de abogados ha sufrido la violencia y la inseguridad en el estado, nos han robado, nos han asaltado, nos han asesinado a integrantes. El mismo Javier Barajas Piña era abogado, era un activista, pero ante todo era un gran ser humano que luchó por la justicia,
Javier Barajas Piña es un mártir y su muerte no fue en vano; hoy es un ejemplo a seguir, porque luchó por encontrar a su hermana desaparecida, porque luego de localizarla, fue empático con familiares de víctimas de otras personas desaparecidas.
Es momento de que en la sociedad nos unamos cuando las instancias de gobierno no son capaces de brindar condiciones de tranquilidad, de paz social para poder no únicamente desarrollarnos sino vivir con la dignidad de seres humanos.