¿División de poderes?
» “El Procurador debe ser ratificado por el Congreso”, dice la Ley. Pero no... » El Mando Único, otra estrategia de seguridad que fracasó en Gto. » Se reúne gabinete de Seguridad primero con Morena que con el PAN
La burla al Congreso
El gobernador Diego Sinhue le faltó el respeto al Congreso del Estado. En la correspondencia general se dio cuenta del aviso al Legislativo de que el procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, continuaba en su cargo, como desde marzo 2009.
Con eso ignoraron lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: “El Procurador General de Justicia será nombrado por el Gobernador con la ratificación del Congreso del Estado”.
En el PAN cumplieron el libreto pero nadie subió a Tribuna a defender la legalidad del proceso, ya no digamos de la conveniencia o no de la ratificación, que eso abre ooootro debate que tampoco se dio.
El argumento es que no hay nombramiento de un nuevo funcionario, que ese trámite sale sobrando.
Dicen que así también lo hizo el gobernador Márquez en 2012, un aviso y listo.
Ya sabemos todos que la ratificación ocupaba sólo de mayoría simple, de 19 votos, los que tiene el PAN. La oposición subiría a lanzar los cuestionamientos esperados, y terminaba todo. No lo quisieron.
Ahora corre en radiopasillo la versión de que había temor de que al someter al mismo Procurador a una ratificación se pudiera cuestionar la legalidad del proceso de 2012 y con ello sus actos como autoridad.
Y nada más de pensar en que a algún delincuente se le ocurra controvertir los actos de la Procuraduría General de Justicia al poner en tela de juicio la legitimidad del nombramiento del titular, imagínese.
Ese razonamiento no se sostiene, si ese riesgo existiera ya lo hubieran usado los abogados defensores.
Lo que sí puede pasar es lo contrario: que alguien impugne que el funcionario nunca fue ratificado.
Pero como dice el clásico “haiga sido como haiga sido” la sensación un Congreso vulnerado, ahí queda.
El aviso que envió Diego apeló al mismo artículo 17 y al 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y al artículo 77 fracción XI de la Constitución de Guanajuato para que “el licenciado Carlos Zamarripa continúe en su cargo como Procurador General de Justicia lo que hago del conocimiento del Congreso del Estado, toda vez que su nombramiento fue ratificado por este poder el 12 de marzo de 2009”.
Diego y su equipo abonaron desde un principio a la confusión sobre la ratificación de Carlos.
El 25 de septiembre, un día antes de la toma de protesta del Gobernador y su gabinete, se envió un comunicado de prensa que así decía: “El gobernador electo de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez ratificó en su cargo al secretario de Seguriedad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca y propuso a Carlos Zamarripa Aguirre para continuar al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Después en la página del Gobierno del Estado, en la sección del gabinete, colocaron al Procurador con la leyenda “pendiente de ratificación por el Congreso del Estado: Carlos Zamarripa Aguirre”.
Los 27 años de gobiernos panistas en Guanajuato han desdibujado la separación de poderes. La democracia funciona con un Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes, por ahí hay que empezar.
En la sesión del jueves en el Congreso cuando leyeron la correspondencia de Diego, no hubo alegatos, fue hasta los asuntos generales que Morena, PRI y Verde, alzaron la voz para cuestionar el trámite. Los panistas deliberadamente callaron sobre el tema para poner punto final lo antes posible, sin debate.
Lo que sigue ahora es que el Congreso sí haga su chamba de que Diego y su gabinete rindan cuentas.
Las comisiones de Seguridad y de Justicia están encabezadas por panistas leoneses, la primera por Rolando Alcántar y la segunda por Laura Cristina Márquez, ya veremos qué tantas agallas muestran.
Enojo azul
Nada bien cayó en la bancada de diputados panistas en Guanajuato el encuentro privado que sostuvieron el viernes el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, con los legisladores de Morena.
Están sentidos y también molestos, jugaron el papel que les dieron en el trámite de nombramiento de Carlos Zamarripa pero los primeros que se sentaron cara a cara con el gabinete de Seguridad no fueron ellos, sino los que un día sí y otro también salen en los medios para demandarles que ya se vayan.
El diputado leonés Miguel Salim Alle salió abiertamente a evidenciar su molestia por la descortesía. Pero no es el único, trasciende que a varios azules les cayó como balde de agua fría enterarse de la cita, aunque no lo digan.
Esa invitación a platicar tampoco llega todavía a otros opositores como el PRI o el Partido Verde.
Y no es que en el PAN no quieran que se reúnan con los opositores, qué bueno que el gobierno de Diego tienda puentes con todos, pero sí les extraña que sea primero con ellos que con la bancada que les da respaldo.
Ese mensaje para algunos abona a la tesis de que el Ejecutivo los vea como sus empleados. Upss.
Seguramente en los siguientes días los van a buscar, habrá la reunión y se tomaran la fotografía. Será el momento que los panistas, que coordina el de Cortazar, Jesús Oviedo, refrendan su voluntad para colaborar con la autoridad, pero que también dejen claro que no son una “oficialía de partes”.
Para lo que viene se requerirá de un Congreso de verdad. Ya es la hora de comenzar a discutir la legislación que le dé vida a una nueva Fiscalía General del Estado autónoma, indepediente y eficaz. Lo primero será poner las reglas sobre las que funcionará, y después buscar al mejor Fiscal posible.
Mando Único, siempre no
Que siempre no era una buena idea eso del Mando Único que los mismos funcionarios que hoy están nos dijeron, en el sexenio de otro Gobernador, que iba a ayudar a contender la violencia imparable.
En una primera aparición a medios, titubeante, nervioso, el nombrado secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero, Marco Antonio Sánchez, salió a decir, forzado por las preguntas, sin explicar bien a bien el proceso para eso: que el Mando Único ya no es un plan en el Estado.
Que ya no es compatible con la nueva estrategia del gobernador Diego de fortalecer las policías locales.
Es pues el abierto reconocimiento al fracaso de la estrategia del gobernador Miguel Márquez. Punto.
Este año se acaba el convenio de colaboración con los Municipios, pero no pueden terminarlo de un plumazo. Si los ayuntamientos así lo deciden, como ya lo adelantaron varios, pues no seguirán en 2019, pero habrá otros que con sus policías totalmente debilitadas no podrán hacerse cargo de esa tarea.
El gabinete de Seguridad, comandado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, suponemos que ya estará revisando municipio por municipio cómo y cuándo será la despedida del Mando Único.
Lo primero debe ser el fortalecer sus policías locales antes de dejarlos encarar una crisis de violencia por la delincuencia organizada como la que hoy padecen casi todos los municipios de la entidad.
Bajo diferentes esquemas del Mando Único operan hoy 21 municipios.
En ocho el Estado tiene la responsabilidad operativa y administrativa de la seguridad: Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro, Salamanca. Además de Xichú, Atarjea y Tarandacuao, en donde más que por la violencia es un entendido por la ausencia histórica de las policías municipales.
En otros 12 municipos el Estado tiene la responsabilidad operativa y el Municipio mantiene la administrativa, así están: Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Moroleón, Pénjamo, San Luis de la Paz, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Yuriria y Santa Catarina. Y en otro más como es Victoria hay un Mando Mixto en el cual existen elementos municipales y del Estado.
En los Apaseos, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca fue hace un año que se sumaron a ese Mando que promovió el entonces secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez; el secretario Álvar Cabeza de Vaca; y las autoridades militares en ese momento comandadas por el comandante Juan Manuel Díaz Organitos.
El 14 de septiembre de 2017 se convocó a los medios de comunicación y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hizo gira para instalar el Mando Único Estatal en Salamanca, Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo, tardarían algunas semanas más en convencer a Apaseo el Grande de sumarse. También lo intentaron con Pueblo Nuevo pero toparon con pared con la alcaldesa Larissa Solórzano.
Cabeza de Vaca dijo ese día que el Grupo de Coordinación Guanajuato determinó que las acciones operativas de los diferentes cuerpos de seguridad fueran lideradas por la XVI Zona Militar de la Sedena, quienes dictarían las políticas públicas que seguirían las autoridades federales, estatales y municipales.
El 2 de abril de 2018 el comandante Bernardo Ramírez sustituyó a Díaz Organitos, con apenas ocho meses en el cargo. Ese mismo día también relevaron a José Luis Chiñas, de la Policía Militar, que tenía dos meses, en su lugar llegó Carlos López Charis. No hubo explicaciones de las prontas salidas.
Los nuevos mandos militares enfatizaron el mensaje de “venimos a colaborar”, con lo que de entrada pintaban su raya de ser los primeros responsables del Mando Único. No iban a cargar con los muertos.
El Gobernador y su equipo deberán mostrar talento político para trabajar de la mano de municipios “calientes” en manos de la oposición. De esos cinco en el control total del Estado en Apaseo el Alto y Salamanca gobierna Morena, con Carmen Ortiz y Beatriz Hernández, respectivamente; Apaseo el Grande con el Verde, Moisés Guerrero; Jerécuaro con el priísta, Luis Mondragón, y sólo en Coroneo está el PAN.
La realidad es que con o sin Mando Único, todo se descompuso. La violencia no para y se extiende.
En León, Irapuato o Celaya, que presumen las policías municipales más fuertes, tampoco pueden.
Hasta agosto las cifras oficiales reportan este año 2,135 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, deshonroso primer lugar nacional; le siguen Baja California con 2,037 víctimas y Guerrero 1,707.
Todo lo hecho hasta ahora ya probó el fracaso, pero, aunque no lo parezca, siempre se puede estar peor.
Semántica salarial
Polémicas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, al referirse que iba a atender las recomendaciones del Congreso del Estado porque su sueldo se quedaba corto. De 85 mil pesos subiría a 105 mil pesos: 20 mil pesitos más que su antecesor Ramón Lemus.
Bueno, pues ahí tienen que la noticia se expandió y por redes sociales provocando el enojo de muchos ciudadanos que criticaron a la nueva Presidenta Municipal hasta el cansancio, porque, ¿cómo busca un aumento de sueldo cuando tiene 10 días trabajando?
Pronto Paniagua Rodríguez citó a los medios para ‘aclarar’ el tema. Afirmó que no es incremento, que es un ajuste de acuerdo a la recomendación del Congreso del Estado, que si parece que es mucho es porque los dos alcaldes anteriores, Ramón Lemus e Ismael Pérez no la atendieron y la diferencia creció.
Y es que el enojo no es en sí por el ajuste, sino por las condiciones en que Celaya se encuentra. Lleno de violencia y con varios rincones literalmente abandonados.
La Alcaldesa demandó objetividad de los medios, pero objetivamente, ajustar su sueldo de 80 mil pesos a 105 mil pesos mensuales, es un incremento, por donde quiera que se vea.
Y extraña porque viene de ser Diputada local, además Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y debiera saber que el Congreso recomienda un tope máximo de salarios para que quienes estén por arriba de eso lo reconsideren, no es para que los que están por debajo se los suban.
En el último reporte 27 de los 46 alcaldes excedían la recomendación, hoy ya son 26 pues el de Silao, el panista Toño Trejo, puso el ejemplo y en la primera sesión de Ayuntamiento acató la disposición.
En León Héctor López lo rebasa por un 20% ($151 mil bruto al mes tiene de ingreso), y defiende que está en lo justo.
¿Cuánto debe ganar un Alcalde? es todo un debate. Al final lo que sí importa a todos son los resultados.