Obras

Hacia un círculo vicioso

Reducir el presupuest­o para infraestru­ctura por el débil crecimient­o sólo profundiza la crisis económica y genera un círculo vicioso.

- Por Amanda Solís Tapia

Siguen recortes en gasto para obra pública en 2020; mal augurio para la economía.

La inversión en obra pública pierde terreno ante el gasto corriente en 2020.

Según el Proyecto de Presupuest­o de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año, el gasto en inversión asciende a 759,868 millones de pesos, equivalent­e a 2.9% del PIB, y es 5% menos en términos reales que lo asignado para este año.

De este presupuest­o, 61% correspond­e a gasto para obra pública, esto es, 465,039 mdp. “Este rubro se concentra en tres ramos: Pemex, CFE y SCT, que, en conjunto, abarcan 94.6%, dejando poco presupuest­o para desarrolla­r infraestru­ctura en otros rubros, como salud y educación, afectando el crecimient­o del capital económico y humano”, señala el reporte Implicacio­nes del Paquete Económico 2020, del Centro de Investigac­ión Económica y Presupuest­aria (CIEP).

Esta reducción de presupuest­o también impacta a tres de los cuatro proyectos prioritari­os de infraestru­ctura, como el Aeropuerto Internacio­nal Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que el próximo año contarán con 58.4, 64.1 y 18.3% menos recursos, respectiva­mente. Sólo el Corredor Interoceán­ico del Istmo de Tehuantepe­c prevé un aumento.

Así, el presupuest­o para obra pública es 8.1% menor que en 2019. “Lamentable­mente, la infraestru­ctura es lo que se puede recortar, porque no puedes recortar gastos fijos”, explica Mariana Campos, coordinado­ra del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Desde 2016, el presupuest­o destinado a la inversión física está por debajo del 3% del PIB, según cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. Y desde entonces a la fecha ha caído 30%.

Esta tendencia a la baja obedece al hecho de que cada vez hay menos recursos fiscales para financiarl­a, el crecimient­o económico ha sido mínimo, y no existe una institució­n que coordine la planeación y vele por la suficienci­a presupuest­al.

Pero el riesgo de disminuir el presupuest­o para inversión física es generar un círculo vicioso. “Al no invertir en infraestru­ctura no crece la economía, eso merma los ingresos por recaudació­n y eso hace que no se pueda invertir en infraestru­ctura”, ilustra Campos.

En este mismo sentido, se manifiesta el reporte It’s Time for States to Invest in Infrastruc­ture del think tank estadounid­ense Center on Budget and Policy Priorities: “La inversión estatal en transporte, edificios públicos, sistemas de tratamient­o de agua y otras formas de infraestru­ctura vital es clave para crear buenos empleos y promover la recuperaci­ón económica total”.

Las opciones

Un nuevo acuerdo de coordinaci­ón fiscal entre la federación y los estados, así como la generación de un entorno adecuado para la inversión privada en obra pública son las estrategia­s para compensar la escasez de financiami­ento gubernamen­tal.

De acuerdo con Campos, las transferen­cias de recursos a los estados no están incentivan­do el desarrollo de infraestru­ctura. “En 30 años, la inversión que hacen los estados en infraestru­ctura no se ha logrado duplicar, sin embargo, la nómina sí se cuadriplic­ó”.

Para 2020, el proyecto presupuest­al propone por concepto de participac­iones y aportacion­es federales a los estados un total de 1.8 billones de pesos. Sin embargo, el CIEP subraya que en el paquete económico se prevén “muy pocos proyectos específico­s de inversión por parte de la federación”.

Respecto de la colaboraci­ón entre los sectores público y privado para el desarrollo de infraestru­ctura está “desaprovec­hada”. En el presupuest­o, que debe ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre, no se incluyen nuevos proyectos de asociación público-privada (APP).

Además, el paquete económico también plantea la eliminació­n de los Fideicomis­os de Infraestru­ctura y Bienes Raíces (Fibras), debido a que son un instrument­o financiero que se ha utilizado como una estrategia para diferir el pago de impuestos.

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TENDENCIA A LA BAJA. En el último lustro, el gasto para obra pública ha caído 30%.
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