El lenguaje y las elecciones
Ante las acusaciones de fraude bastaría con que el partido quejoso mostrara sus actas, las que recogió en casillas, y las cotejara con el resultado que dice alterado
Las elecciones de Coahuila y el Edomex han generado un alud de descalificaciones y, en el extremo, se habla de “elecciones de Estado” y de fraude electoral. Mientras, los comicios de Nayarit y Veracruz casi pasan desapercibidas. Lo curioso es que el marco legal y la intervención de la autoridad electoral nacional en los cuatro procesos fue muy similar y los indicadores de desempeño de la organización son semejantes. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre las primeras y las segundas? Me temo que el resultado de la votación. Veamos qué hizo el INE. La instalación de las casillas electorales estuvo en manos del INE porque así lo mandata la Constitución tanto para las elecciones locales como para las federales (además se encargó de conformar el padrón electoral). En total, el 4 de junio se tenía capacitados a 136 mil ciudadanos propietarios para operar las 34 mil 75 casillas previstas, ninguna de las cuales dejó de instalarse. Para decirlo de una vez: si el INE no hubiese hecho su trabajo, no se habría podido votar, punto.
Se ha afirmado que con alta frecuencia los ciudadanos capacitados por el INE no atendieron las casillas y que eso generó problemas en la limpieza de la elección. Los datos desmontan tal aseveración: solo fue necesario sustituir con ciudadanos formados en la fila de electores a 5 por ciento de los previamente capacitados por el INE. En el Edomex fue 7% y en 2015 se había sustituido 11%, así que no hay retroceso, sino avance. Ahora, ¿la presencia de ciudadanos tomados de la fila afectó el resultado electoral? De ninguna manera: ahí donde solo hubo funcionarios capacitados por el INE en el Edomex la alianza del PRI ganó en 42% de las casillas y Morena en 40%; donde hubo ciudadanos tomados de la fila, la alianza del PRI ganó en 36.7% de las casillas y Morena en 46%, por lo que no hay sesgo alguno contra la oposición.
También se alerta de que se inhibió el ejercicio del sufragio, nada más que en las cuatro entidades la participación ciudadana se mantuvo o aumentó (en el Edomex pasó de 46% en 2011 a 52% en 2017).
Se ha dicho que, más allá de la jornada electoral, el problema radicó en que no hubo equidad en las campañas. De nuevo los datos no se compadecen: ningún actor político careció de sumas importantes de recursos públicos que la ley contempla para desplegar sus actividades ni fue excluido de radio y televisión.
Entre la precampaña y la campaña, nada más en el Edomex los partidos dispusieron de 644 mil anuncios de radio y televisión y, de ellos, 70% fue para los partidos opositores. También se asignaron y transmitieron los spots en los demás estados. En serio, ¿hay algún país en el mundo que ofrezca esas prerrogativas gratuitas y permanentes a los actores políticos para asegurar su competitividad en la contienda?
Y está el dinero público. En las cuatro entidades los partidos tuvieron este año, entre financiamiento ordinario y de campaña, la suma de mil 355 millones de pesos. Más otros 4 mil millones que reciben en sus comités ejecutivos nacionales. A los partidos que no se aliaron con el PRI les correspondió 60% de ese monto. De verdad, con esos recursos públicos ¿tenemos oposiciones frágiles que encaran condiciones inaceptables de asimetría para disputar el poder público?
Hay además acusaciones de fraude que, entendido como la alteración del voto ciudadano, debe perseguirse y sancionarse sin miramientos. Pero por su gravedad, debe acreditarse, por lo que resulta descabellado dar por buena su existencia sin conocer al menos una prueba concreta. En Coahuila se ha dicho que se alteraron paquetes electorales y que así se revirtió un resultado emanado de las urnas. Es indispensable conocer sobre qué casillas se hace la acusación. Bastaría con que el partido quejoso mostrara sus actas, las que recogió en las casillas el día de la elección, y las contrastara con el resultado puntual que dice alterado. Esa prueba básica, a una semana y media de la elección, no ha sido exhibida. De cualquier modo, está abierta la ruta legal para que los partidos acudan a los tribunales.
Por otra parte, se cuestionan los conteos rápidos. En el Edomex y Nayarit coincidieron con las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares y con los cómputos, es decir, fueron consistentes. En Veracruz el PREP funcionó sin contratiempo. Mientras que en Coahuila el conteo rápido difirió del resultado de los cómputos y el PREP solo publicó resultados de 72% de las actas. Se trata de comportamientos atípicos y que generan dudas, pero no es lo mismo que existan fallas en algún sistema de información preliminar y sin validez para el resultado legal, que alteración de la voluntad popular.
Hay espacios para mejorar la calidad de las elecciones, sin duda. Pero de ahí a dinamitar con las descalificaciones más sonoras todo el proceso electoral, millones de votos incluidos, hay un largo trecho. La calidad del debate y del lenguaje público también determinan la calidad de nuestra democracia. m