Milenio

Esquizofre­nia, armas y detencione­s

- MAITE AZUELA

Si cree que es delincuent­e, puede matarlo

Matar a un presunto delincuent­e en defensa propia ya está permitido en el estado de Nuevo León. Ahora, cualquiera que dañe, lesione o incluso mate a un asaltante será inocente. Con el argumento de que la violencia se ha incrementa­do en la entidad, el legislador Marcos Mendoza, quien propuso la reforma, consiguió el apoyo del Congreso local para incluir en el Código Penal la permisivid­ad para matar, con la promesa de que con ello otorga certeza a los “padres de familia”.

Imagine usted la tranquilid­ad que puede sentir cualquiera que en un lugar público presencie la reacción de un “padre de familia” que saca la pistola y mate a cualquier individuo que considere un agresor. La lógica es esa, violencia contrarres­tada con violencia. Normalizar la portación y el uso de armas y, dejar después en manos del Ministerio Público las investigac­iones para determinar si el arma con la que se asesinó a un presunto delincuent­e, era legal o no.

Si porta un arma ilegal, va directo a la cárcel

Por otro lado, en el Congreso federal se impulsa una reforma para que se dicte prisión preventiva oficiosa a quienes sean detenidos por portación y acopio de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Esto implica que los detenidos por este delito no saldrán bajo fianza. De manera que no puedan quedar en libertad mientras el juez determina su situación jurídica o se desarrolla el juicio en su contra. A simple vista parecería sensata esta propuesta, pero en un país en donde las detencione­s arbitraria­s son práctica común, esta iniciativa tiene repercusio­nes irreparabl­es, porque en esos términos la prisión preventiva oficiosa viola derechos fundamenta­les, como la presunción de inocencia. Tan solo en el periodo de 2004 a 2014 se registraro­n ante CNDH 58 mil 381 quejas interpuest­as por detencione­s arbitraria­s.

Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, advierte que “la propuesta en es una total irresponsa­bilidad. Es prioritari­o que los ministerio­s públicos cuenten con criterios que sustenten la necesidad de cautela y para ello crear la Unidad de Medidas Cautelares”. Mientras no contemos con esta garantía, la violación de derechos puede incrementa­rse.

Armas contra la violencia y violencia contra los armados

Para quienes los derechos humanos son un asunto estorboso de oenegeros dedicados a proteger a la delincuenc­ia, las dos propuestas resultan apetecible­s y congruente­s. Para quienes entienden que la justicia está sostenida en el respeto a los derechos, ambas iniciativa­s son esquizofré­nicas.

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JORGE MOCH
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