Un año después…
Aun año de los sucesos de Iguala que han marcado y demeritado la vida pública del país, el balance es desolador. No solo estamos en punto cero, sino en punto muerto. Hay dudas sobre la investigación, el encono de los afectados ha subido de tono y la confusión reina en la opinión pública.
La “verdad histórica” que durante varios meses integró la PGR, con base en la cual se procedió contra 104 presuntos responsables, el último de ellos capturado la semana pasada ( El Cabo Gil, quien habría dado la orden de incinerar a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, habiendo ratificado su dicho), ha sido desacreditada puntualmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Considera imposible que 43 cuerpos humanos hayan sido reducidos a ceniza en una hondonada a cielo abierto, en tan pocas horas, con solo combustible, llantas, plástico y leña de las colindancias del lugar, por lo que el dictamen de la GIEI solicita a la autoridad ministerial mexicana buscar en los lugares aledaños dónde hubiera incineradores, así como abrir nuevas líneas de investigación como la posibilidad de haber sido tomado por los estudiantes un quinto autobús con un presunto cargamento de goma de opio, e identificar a la persona que desde el C4 municipal estuvo dirigiendo la operación de intercepción, sometimiento y entrega de los estudiantes al grupo delincuencial Guerreros Unidos.
El reporte del GIEI ha sido descalificado por un sector de la opinión pública, ya que no realizó propiamente una investigación paralela o alterna a la oficial; se olvida que el documento central de donde obtienen sus conclusiones es la misma averiguación previa de la PGR, evidenciado que ésta tenía deficiencias, insuficiencias y vacíos de origen, porque se privilegió una sola hipótesis y se concedió valor probatorio al dicho de los directamente imputados, sin proceder a validar y verificar estos testimonios.
Antes del GIEI, el grupo de expertos forenses argentinos había aclarado que ellos nunca obtuvieron las bolsas con cenizas del basurero de Cocula, no constándoles tampoco que hubieran sido encontradas en el río San Juan.
Otra de las aristas notables del informe del GIEI es cuando alude a la presencia de la Policía Federal y de militares del cuartel de Iguala en el entorno de los hechos. Esta presencia fue algo que la PGR trató de minimizar y dar un valor secundario (seguramente para desactivar la acusación de que “fue el Estado”), centrándose en el papel exclusivo de la policía municipal.
Los expertos de la CIDH lograron entrevistar a los miembros de la Policía Federal, no así a los integrantes del 27 batallón de Infantería radicado en Iguala. Esta negativa ha crispado aún más el ambiente y el entorno del primer año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
¿Qué sigue? La PGR ha anunciado la realización de un tercer peritaje internacional. Es la salida procesal correcta. Sin embargo, no será suficiente para revertir la crisis de credibilidad y de derechos humanos que estalló con los sucesos de Iguala. Queda la ONU, como instancia última para dilucidar ya no la verdad histórica, sino la verdad a secas. Y lo más importante: cómo reformar un sistema de seguridad y procuración de justicia para que hechos como los de Iguala no vuelvan a poner en jaque a un país y al Estado mexicano mismo. m
¿CÓMO REFORMAR un sistema de seguridad y procuración de justicia para que hechos como los de Iguala no vuelvan a poner en jaque a un país y al Estado mismo?