Piden indagar intento fallido de cambiar el aeropuerto
Es necesario aclarar el proyecto: representante de colonos Desde 2010, Coparmex se manifestó contra la iniciativa La idea, abrir una terminal nueva a 40 km de distancia
Después de que se emprendieron acciones legales en torno a las 1,600 hectáreas del puerto industrial que obtuvo el exgobernador Eugenio Hernández Flores, la representante de colonos Alicia Barocio se pronunció porque se aclare qué sucedió respecto a los terrenos de Altamira donde se pretendía reubicar el aeropuerto de Tampico y se deslinden las responsabilidades del caso.
En su calidad de ciudadana, consideró que es necesario “llegar al fondo de cómo se adquirieron esos terrenos, a quiénes y en cuánto se los compraron y más que nada quiénes son ahora propietarios”.
Expresó que “es un secreto a voces que había algo turbio”, por lo que dijo, es importante que se investigue y castigue a los involucrados, porque solo respetando la ley, podemos afirmar que vivimos en un estado de derecho.
“También es sabido quiénes y qué planes tenían para los terrenos tan valiosos del actual aeropuerto, como ciudadana deseo que se erradiquen estas prácticas de corrupción”, señaló la representante de las colonias Águila, Sierra Morena, Montealegre y Flores.
Y es que en los últimos años de gobierno de Eugenio Hernández Flores (sexenio 2005-2010) se promovió el cierre del aeropuerto internacional de Tampico “Francisco Javier Mina”, para instalar uno de carga y pasajeros, a 40 kilómetros al norte del actual, en terrenos expropiados por la administración estatal para ese fin.
En esa época, el gobierno estatal también dio a conocer sus intenciones de desarrollar y vender la superficie del actual aeropuerto, para obtener los recursos necesarios para el financiamiento de la construcción del nuevo.
La autoridad estatal, dijo tener el apoyo del gobierno federal, estatal, organismos empresariales y la sociedad civil, sin embargo, surgieron entonces una serie de voces inconformes, emanadas de las propias cámaras y de la ciudadanía del sur de Tamaulipas.
Entre la iniciativa privada, destacó la oposición expresada por Coparmex, que incluso publicó un desplegado el 6 de junio de 2010, dirigido a los entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, Gobernador Eugenio Hernández Flores y Secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Horcasitas, este último ya fallecido, donde se expresó el desacuerdo al proyecto.
En esa carta abierta, se dijo en primer término que el proyecto de reubicación y cierre del aeropuerto actual no era prioritario para la zona conurbada, al tener necesidades mucho más urgentes que resolver, como la carencia de infraestructura vial, una red de drenaje obsoleta e insuficiente, así como la realización de proyectos turísticos detonadores del desarrollo económico.
Entre éstos, el Canal de la Cortadura, el rescate del Centro Histórico, el Parque Ecológico de la Laguna del Carpintero, la construcción de los nuevos Mercados Municipales, la conclusión de la avenida Monterrey y la modernización de carreteras que comunican al resto del país, entre otras.
El escrito firmado por el Centro Empresarial de Tampico, con Octavio de la Huerta como responsable de la inserción, planteó además que el cierre de la terminal aérea porteña iba a ser muy perjudicial para la actividad comercial, turística, hotelera y restaurantera, provocando el cierre de negocios y desempleo.
Además, se apuntó que el gobierno estatal no había considerado los costos de inversión adicional de la infraestructura que se requería para el nuevo aeropuerto como son vialidades, servicios públicos y el desarrollo urbano de aquella zona, costos que no se alcanzarían a cubrir con la venta de terrenos del actual aeropuerto.
Aunado a lo anterior, se apuntó que con las comunicaciones existentes tomaría al viajero promedio cerca de una hora para llegar al nuevo aeropuerto, recorriendo vialidades a través de la zona industrial y portuaria de Altamira, “que ya tiene su gran problemática aún sin el aeropuerto proyectado. El costo del transporte para el viajero se multiplicaría seis o siete veces”.
Se añadió que supuestamente el nuevo aeropuerto sería de carga y pasajeros, pero sin demostrar profesionalmente la existencia de una demanda real para el servicio de carga aérea. La autoridad argumentaba que se instalaría una o varias empresas transnacionales del sector aeroespacial que traerían beneficios a la zona.
El año pasado, se dio a conocer que el gobierno estatal devolvería parte de las hectáreas que se habían expropiado para construir el nuevo aeropuerto en Altamira. Y es que había propietarios que nunca recibieron la indemnización correspondiente.
El Periódico Oficial del Estado publicó la cancelación del acuerdo del 10 de febrero de 2010, que decretaba por causa de utilidad pública la expropiación de 638 hectáreas para la reubicación de la terminal aérea hacia Altamira. Al no utilizarse para el fin previsto en el plazo de cinco años, la señora Adela Calderón, propietaria de 240 hectáreas logró se revirtiera dicha expropiación.
El gobierno estatal conservaría la propiedad de los predios que habían sido indemnizados.
Falta saber quiénes son ahora los propietarios de terrenos donde estaría la terminal aérea