Ricardo Velázquez Política pública contra violencia urbana de género
En recientes días, un funcionario de la ciudad de Puebla aseguró que las mujeres que portaran gas pimienta serían detenidas por la operación de un instrumento prohibido, Mismo que, efectivamente, está vedado en el Código Penal de Puebla, en su artículo 179, fracción 3M donde se menciona que son armas o instrumentos prohibidos las bombas, gases tóxicos o lacrimógenos y demás similares. Sin embargo, la situación actual de inseguridad, violencia, feminicidios, desigualdad y demás ha orillado a las mujeres, principalmente, a verse en la necesidad de portarlos con el fin de protegerse en caso de ser necesario. Es bien sabido que este compuesto provoca dificultades respiratorias; irritación en los ojos, lágrimas o ceguera temporal por cinco minutos, tiempo suficiente para escapar de la escena evitando un enfrentamiento con el agresor.
Actualmente, existe una iniciativa en seguridad pública para dar capacitaciones de defensa personal para las mujeres; sin embargo, considero que es una “solución” temporal, pues mientras exista la violencia habrá que defenderse, pero debemos ser conscientes de que el verdadero problema es educativo y que la creación de una ley se queda corta ante la urgencia de una política pública contra la violencia urbana de género. Debemos enseñar, educar y formar para prevenir y visibilizar la violencia de género y así abordarla desde sus causas estructurales; sabiendo que el Estado tiene un papel central en la transformación de las desigualdades entre hombres y mujeres, promoviendo cambios en su funcionamiento y en las acciones que desarrolla con y hacia la sociedad.
“La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, es el quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas hacia el año 2030, mismo que funge como eje transversal del resto de los objetivos y metas y cuya misión es erradicar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, en los ámbitos público y privado, incluyendo la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
En la última década se ha observado una tendencia en América Latina para promulgar leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, según el estudio Femicide: A Global Problem, 14 de los 25 países con las tasas de feminicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina. Ahora, México se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor crecimiento en las tasas de homicidios de niñas y mujeres, bajo todas sus formas, yendo más allá del ámbito familiar y de la relación de pareja.
Tomemos como ejemplo el caso de la capital uruguaya, que desde los años noventa ha sido pionera en el trabajo por la igualdad de género y que actualmente está implementando el Tercer Plan de Igualdad de Género, cuyo propósito es “contribuir al cambio de los patrones imperantes de relacionamiento mujeres y hombres, que producen desigualdades y discriminaciones”.
La División Asesoría para la Igualdad de Género (DAIG) es el órgano de la Intendencia de Montevideo encargado de definir estrategias y coordinar acciones para contribuir al logro de la igualdad de género. La asesoría trabaja en cuatro áreas claves: violencia basada en género, transversalidad para la igualdad de género, cambios culturales y participación, y empoderamiento de las mujeres. Recientemente, en 2010, se crearon los municipios, como tercer nivel de gobierno, promoviendo la creación y consolidación de equipos de igualdad en cada uno de ellos; además de la creación del Consejo para la Igualdad de género de Montevideo, que funge como espacio mixto para el diálogo entre representantes del gobierno departamental con la sociedad civil organizada, representantes de partidos políticos y la academia.
Sería bueno que el presidente municipal de la capital poblana, Luis Banck Serrato, con esa sensibilidad que lo caracteriza, convocara a otros municipios, en los cuales se da este fenómeno, sentando así un presente histórico en esta materia.