A medias, a medios
La publicación de una presunta lista de “contratos con periodistas durante la administración de Enrique Peña Nieto”, divulgada por la Presidencia de la República a través del periódico Reforma, perturba por múltiples razones. Porque, pese a enumerar contratos con personas morales, cada renglón aparece encabezado por el nombre de una persona física, que puede ser o no la representante legal (Martha Debayle no lo es de BBMundo Direct ni Enrique Krauze de Editorial Vuelta, por poner dos ejemplos) y que pareciera elegida con miras a lograr la mayor notoriedad mediática posible merced a la afectación negativa de su reputación. Porque en ninguno de los casos especifica cuál fue el objeto del o de los contratos (de haberlos habido) y cuáles las contraprestaciones ofrecidas por el proveedor. Porque, en suma, en un esfuerzo orondamente propagandístico, permite demonizar voces y plumas enemigas del régimen sin aportar prueba alguna de su presunta corrupción, inferida a partir de una trapacera confusión por omisión entre pauta publicitaria, servicios profesionales y acaso arteros embutes.
Si ese diario y su reportero Jorge Ricardo pretenden realizar periodismo probo y profesional, deberán solicitar por vía del INAI la documentación correspondiente a esas transacciones y publicar cuáles tuvieron por objeto la contratación de un servicio legal —transmisión de spots, inserción de anuncios, edición de publicaciones— y cuáles no. Deberán también verificar las tarifas aplicadas en cada caso y cotejarlas con el tarifario vigente al momento de la contratación, así como indagar el alcance de cada medio en ese periodo (su tiraje, circulación y pass-along para los impresos; su rating y segmentación de mercado para los electrónicos; sus analíticos para los digitales) y calcular un costo por millar de personas alcanzadas en cada caso, lo que pemitirá determinar cuándo erogó el gobierno federal un pago justo por los servicios contratados y cuándo un sobrepago _ que llevaría a pensar en un arreglo menos ortodoxo.
Entonces podremos saber si el gobierno de Enrique Peña Nieto corrompió periodistas y determinar su eventual identidad. Solo entonces.
La lista demoniza voces y plumas enemigas sin aportar prueba alguna