El Ejecutivo federal “subsana” la Estrategia de Seguridad Nacional
Envía anexo al Senado. Propone procedimiento para que la extinción de dominio sea exprés y diferente a la vía penal
El Ejecutivo reanguló la Estrategia Nacional de Seguridad y envió al Senado un anexo en el que especifica que la Guardia Nacional tendrá un mando civil; propone un procedimiento fast track en materia de extinción de dominio para disponer, usar, usufructuar, enajenar y monetizar de inmediato bienes de huachicoleros, extorsionadores, corruptos y hasta encubridores, entre otros, por la vía civil e independiente a los procesos penales en curso.
Anunció que además propondrá una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés para limitar las adjudicaciones directas y en su caso propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores; asimismo con reformas para ampliar el radio de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado, considerando que el lavado de dinero se estima en 30 mil millones de dólares anualmente.
Se creará además la “Guardia de Finanzas” que será una unidad policial especializada en lavado de dinero, para combatir al narcotráficoysusesquemasfinancieros,de maneraparalelaalosllamadosobjetivos prioritarios.
El presidente del Senado, Martí Batres, dijo que el agregado se envió directo a la Comisión de Seguridad Pública para que el martes o jueves próximo se dictamine y se agregue al dictamen que ya quedó de primera lectura en el pleno.
En materia de Guardia Nacional, se elimina el párrafo según el cual “el mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o en las zonas costeras de la Armada de México”.
Se define la legislación secundaria que busca el Ejecutivo y se puntualiza que “ahora tenemos la gran oportunidad de retomar las fortalezas de las instituciones militares como su equipamiento, su logística y su estructura de disciplina, formación, servicio de mando para fortalecer la Guardia Nacional”.
Por lo que toca a la extinción de dominio, el Ejecutivo pidió al Senado aprobar la estrategia, al argumentar que derivado del
reconocimiento de la naturaleza civil del procedimiento, “resulta más que necesario expedir la legislación general única en materia de procedimiento civil que permita establecer parámetros precisos a nivel nacional, para disponer, usar, usufructuar, enajenar y monetizar de los bienes, sin perjuicios para el Estado.
Se hace notar que el Estado enfrenta costos como administrador de los bienes resguardados durante todo el proceso judicial, por ello es necesario que aquellos bienes sujetos a la acción de extinción de dominio, “se liquiden, destruyan o transfieran en aras del interés público, con el fin de que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y no generen un gasto innecesario en los contribuyentes.
Se propone que en la ley secundaria se establezca la posibilidad de disponer (uso, usufructo, enajenación y monetización atendiendo al interés público) “desde el primer momento en que se presenta la acción de extinción ante el juez civil, de aquellos bienes que son materia de éste”.