“Se hace obligatoria una reflexión para adecuar el plan de recortes”
Es evidente la probabilidad de causar daño a inocentes cuando se vacían a destajo todas las municiones de una ametralladora sobre un blanco masivo. Distinto resultado se obtiene de una estrategia de ataque que, con precisión, apunta al objetivo sin que con ello se genere un caos incontenible.
En la lucha anticorrupción no es distinto. Las medidas de corrección que implican desabastecer servicios públicos básicos aplicadas a todos y cada uno de los involucrados, no necesariamente resuelven el problema y, en cambio, generan daños secundarios que pueden arrojar altos costos no solo financieros, sino humanos.
En estos días hemos presenciado medidas que ejemplifican ambas posturas. Por un lado, continúan los recortes a programas y proyectos que, según las autoridades, entre sus intermediarios o beneficiarios presentan irregularidades y son sospechosos de corrupción, de modo que, a todas sin diagnóstico diferenciado y sin previsión de las consecuencias sociales que representa, se les cierra la llave de los recursos públicos. Así sucedió con las estancias infantiles, los refugios, con la instrucción generalizada de desaparecer delegaciones de todas las oficinas federales, así como con la cancelación del financiamiento público a programas de coinversión social.
Por otro lado, existen casos aislados que implican tiros de precisión. ¿Qué mejor ejemplo que el anuncio recientemente hecho por el gobierno federal sobre el retiro de privilegios que por años se otorgaron a la señora Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco? La activista que fue legisladora por el Partido Acción Nacional se dedica a trabajar ofreciendo apoyo integral a mujeres víctimas de trata. Justificaba que, para tales efectos, ella y su marido tenían, a cargo del erario, un departamento por un valor de 22 millones de pesos y una residencia en Bosques de las Lomas, cuyo valor no ha sido dado a conocer. Además de las cuatro casas que obtuvieron durante la administración de Felipe Calderón, en comodato para sus fundaciones y asociaciones civiles. Como lo reportó la revista Proceso, el matrimonio Garza- Orozco encabeza una red religiosa evangélica neopentecostal y hacía uso de estos inmuebles para efectos religiosos.
La decisión del gobierno federal de retirar estos privilegios una vez que cuenta con evidencias para demostrar que la activista y sus organizaciones carecen de elementos para mantener este apoyo gubernamental, representa justamente el tipo de acciones puntuales que desmantelan irregularidades sin que se afecte a otras organizaciones que trabajan rubros similares o coincidentes, simplemente porque se sospecha de la corrupción de una minoría. Requerimos más lanzamientos de dardos y menos disparos de metralla desde las alturas.
Se hace obligatoria una reflexión profunda para que se redireccionen las estrategias de recortes presupuestales generalizados que se justifican con el ideal de austeridad republicana, más aún aquellos en los que se realizan denostaciones indiferenciadas contra terceros y retiro de subsidios que son fundamentales para las y los ciudadanos.
El mejor ejemplo de acciones puntuales es el retiro del apoyo gubernamental a Rosi Orozco