Elecciones: alto a los homicidios de políticos
Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados; es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo
La violencia en diversas entidades federativas ha alcanzado a políticos: en 11 años han sido asesinados 114 alcaldes, ex alcaldes o candidatos a alcaldías.
Es innegable que el crimen organizado ha incluido en sus intereses, presiones o venganzas el homicidio de quienes ocupan, han ocupado o se postulan a cargos de elección popular.
Antes de 2007 la perpetración de atentados contra presidentes o ex presidentes municipales era infrecuente, pero su incidencia ha ido creciendo hasta alcanzar cifras mayores en los casos de 2010, con 18 homicidios; 2013 con 12; y 2017 con 21. Al 25 de enero de 2018 ya son tres los alcaldes privados de la vida.
De los pocos casos que se han esclarecido se deduce que las más de las veces estas agresiones se deben a que las víctimas no aceptaron colaborar con el crimen organizado.
No solo alcaldes han sido atacados. Por ejemplo, del 15 de noviembre a la fecha han sido asesinados 18 políticos locales, entre alcaldes, regidores, diputados y líderes de partido: cinco de ellos en funciones, cuatro después de haber dejado sus cargos, tres precandidatos, tres candidatos, dos ex candidatos y uno electo.
El detalle es relevante porque muestra que se puede ser blanco del crimen antes, durante y después de haber desempeñado un cargo.
Los victimarios, cuya mayor parte se desplazó en camionetas y motocicletas para cometer el delito, han sido sobre todo sicarios del crimen organizado, pero también hay casos de policías o de competidores. El número de atacantes varía, desde dos hasta el caso extremo de 30.
Las víctimas, prácticamente de todos los partidos, han caído con sus familias o frente a ellas, sin o con escoltas, en carreteras, domicilios propios, restaurantes y hasta en las plazas principales de algunos municipios. Hay acribillados, decapitados e incluso uno fue previamente secuestrado y torturado.
Rumbo a las elecciones del 1 de julio, esta tendencia del crimen organizado a asesinar políticos, y la vulnerabilidad en que algunos se encuentran, especialmente en municipios pequeños, representa para las autoridades un desafío que debe ser atendido con urgencia y eficacia.
Aunque algunas autoridades, partidos y organizaciones de la sociedad civil han señalado este fenómeno criminal, nos falta alzar la voz con mayor énfasis para garantizar, en el caso de las autoridades, y para demandar, en el caso de los institutos políticos y la sociedad civil, seguridad y justicia.
El pasado 5 de enero la Secretaría de Gobernación anunció, luego de una reunión con dirigentes del PRD, la instalación de una mesa nacional de análisis de riesgos y generación de protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios, foro al que, se asegura, se convocará a todos los partidos. Es urgente que se lleven a cabo estos trabajos y que se considere lo subrayado por la Asociación Nacional de Alcaldes, en cuanto a que de los 114 alcaldes o ex alcaldes asesinados, 35 lo eran de municipios de menos de 10 mil habitantes y 55 de jurisdicciones de entre 10 mil y 50 mil habitantes. Los 24 restantes presidían o habían presidido municipios más grandes.
Todas estas circunstancias merecen atención específica para tomar todas las medidas posibles a fin de que los candidatos puedan sustraerse a las amenazas y no paguen por ello con su vida.
Más aún, en tiempos de una enorme presión a los políticos locales por parte del crimen organizado, es indispensable responder con un claro mensaje de cero impunidad. Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados. Es la forma más eficaz de frenar esta ola de crímenes e impedir que el homicidio de políticos se normalice e invada la esfera electoral. Es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo.
Por la protección de la vida en primer término, pero también por la protección de la democracia y el proceso electoral, tenemos que ser muy eficaces al brindar seguridad a los candidatos, unos porque están a la vista de todos y otros, en contraste, por no estar a la vista de nadie. Todos son relevantes y todos representan el sistema de relevo institucional y democrático que hemos elegido y que tenemos que defender en favor de nuestra estabilidad social y política.