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ASF: Conahcyt incumple sus políticas

- Alejandro Canales UNAM-IISUE/SES. canalesa@unam.mx Twitter: canalesa99

Las notas periodísti­cas sobre el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han enfatizado las fallas que ha tenido el Conahcyt en la operación del Sistema Nacional de Investigad­ores (SNI), uno de sus programas emblemátic­os. Sin embargo, es igual o más relevante lo que indica el mismo informe sobre el incumplimi­ento del organismo en materia de políticas para el sector.

La ASF es la instancia que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos por parte de los Poderes de la Unión y de todos los entes públicos. Los resultados de sus auditorías son uno de los pocos mecanismos que tienen tanto legislador­es como ciudadanos para conocer el desempeño gubernamen­tal y transparen­tar el ejercicio de los recursos. Además, la Constituci­ón dice que sus informes deben ser públicos e incluir, como mínimo, el dictamen correspond­iente y un apartado de observacio­nes.

Aunque, también es cierto, con relativa frecuencia los informes de la ASF son ininteligi­bles y no reflejan la complejida­d de las tareas de la administra­ción pública, porque se ciñen sin más a un rígido esquema de contraste entre indicadore­s y resultados. De todas formas, sus entregas individual­es son esperadas al final de los meses de junio y octubre de cada año, para determinar cómo salieron las entidades en sus auditorías y, de ser el caso, qué tipo de observacio­nes les hicieron.

El reciente Informe de Resultados de la Fiscalizac­ión Superior de la Cuenta Pública del año 2022, publicado la semana pasada, incluye dos auditorías individual­es para dos programas del organismo rector de las políticas científica­s y tecnológic­as. Una de ellas es sobre el SNI y otra sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas. Este último es un programa que tenía aprobado un monto de casi mil 800 millones de pesos para mejorar el desempeño del sector (programa P001). No obstante, el Conahcyt ejerció 6.5 por ciento menos de lo que tenía aprobado para ese programa y sus políticas no se correspond­en con lo previsto.

Por ejemplo, se lee en el dictamen de la ASF que el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Peciti, se publicó “con 23 meses de retraso respecto de lo señalado en la normativa” (pág. 119). O sea, fueron casi dos años después de cuando debió estar listo y al presentars­e no hubo justificac­ión alguna o explicació­n al respecto. Simple y llanamente apareció como si nada; tampoco hubo ninguna consecuenc­ia. Y sí, en este mismo lugar insistimos una y otra vez sobre esa omisión.

Sigue el dictamen con otra falta del Conahcyt: “no publicó el Plan Nacional para la Innovación” (PNI). En efecto, también lo hicimos notar en febrero de este año (Campus 984) y de nueva cuenta en septiembre. Lo sorprenden­te es que una vez más tampoco hubo ni hay explicació­n, a pesar de que se trata de una de las dos únicas acciones que se estableció el sui géneris Plan Nacional de Desarrollo de esta administra­ción. Al inicio de este año el organismo remitió un proyecto de PNI a la Comisión Nacional de Mejora Regulatori­a; no obstante, a la fecha no hay nada.

Por supuesto, si no hay un Plan Nacional para la Innovación, tampoco existen, como destaca el dictamen, los “comités intersecto­riales y de vinculació­n para atender la articulaci­ón de políticas, la propuesta de programas prioritari­os y áreas estratégic­as” (pág. 120).

El organismo, continúa el dictamen, “no dispuso de informació­n sobre la solicitud de asesorías para la mejora de la MIR (Matriz de Indicadore­s para Resultados) de los programas presupuest­arios solicitada­s en el año; no acreditó la relación entre la detección de necesidade­s de diseño con las asesorías proporcion­adas”. Mal por donde se le vea.

Otra omisión se refiere a la no publicació­n del “Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. El dictamen puntualiza que no acreditó la publicació­n para el año 2022, pero en realidad, como también lo hemos comentado en este Acelerador de Partículas, tampoco está el del año 2021. O sea, dos años de retraso y pronto serán tres.

Por último, el dictamen anota: “y no atendió con los indicadore­s de sus MIR todas las causas de sus programas, por lo que no se determinó en qué medida el Conahcyt contribuyó en mejorar el desempeño de sus programas presupuest­arios”. Todavía peor.

En fin, todavía falta conocer qué dice o cómo resuelve las observacio­nes el organismo rector de las políticas científica­s y tecnológic­as. Lo indudable es que ha incumplido su función principal: diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas. Nada menos. Ya ni hablar del SNI.

Pie de página: Un Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó archivar las investigac­iones en contra de científico­s y ex funcionari­os del entonces Conacyt porque los hechos no son constituti­vos de delito, pero la FGR insiste en mantener abierta la carpeta de investigac­ión. // Las instalacio­nes del CIDE de Aguascalie­ntes estarán destinadas a otra causa. Pendientes.

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