Rendición de cuentas
Es casi imposible saber a ciencia cierta cuál será el desenlace de la investigación que la Cámara de Representantes ha iniciado para reunir las pruebas y posteriormente enviarlas al Senado, en donde se procederá a juzgar al presidente Donald Trump y determinar si es o no culpable de los delitos de que se le acusan; uno de ellos es el de chantaje.
Es del dominio público que en una conversación telefónica el presidente Trump osó pedir a su similar de Ucrania investigar los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, a cambio de enviarle la ayuda militar autorizada por el Congreso. El hecho es insólito, el mandatario estadunidense exige a un gobierno extranjero el cumplimiento de un favor personal a cambio de enviar una ayuda que el Congreso aprobó. Más aún porque la persona a quien exigió investigar por un inexistente delito es hijo de uno de sus rivales en la campaña por la presidencia. El asunto salió a la luz tras la denuncia de un informador anónimo, quien a su vez recibió la información de varias personas que estuvieron presentes durante la conversación entre el mandatario estadunidense y su par ucranio. Hasta ahí un apretado resumen de los antecedentes.
La Constitución de Estados Unidos establece como una obligación de los tres poderes de la unión vigilar y sancionar su conducta mutuamente. En cumplimiento de esa obligación, el Congreso, por medio de la Cámara de Representantes, inició una investigación sobre la conducta del Ejecutivo, específicamente del presidente Trump y sus relaciones con Ucrania. Para ello, llamó a declarar a una docena de colaboradores cercanos a él para atestiguar sobre lo que pudiera configurarse como un delito.
Sin embargo, abusando de su poder, el presidente ha impedido que sus colaboradores cumplan con los citatorios del Congreso. La Casa Blanca ha tejido una red de argucias legales, circunloquios y falsas excusas para evitar que la Cámara de Representantes proceda con la investigación. Ha sido casi imposible, por tanto, establecer plenamente si el proceder del presidente fue ilegal o no.
En la Cámara de Representantes, los demócratas –que son mayoría– han llegado a un callejón sin salida en un interminable litigio que al parecer se resolverá en la Suprema Corte. Lo que parece no estar a discusión, de acuerdo con diversos especialistas, es que ha habido una “obstrucción de la justicia” por parte del presidente, lo que es un delito aun de mayor relevancia. La trascendencia de la forma en que el embrollo se resuelva tiene que ver con el sistema que establece la vigilancia mutua que se deben los tres poderes. Si el presidente y sus abogados logran un fallo en favor de sus argucias legales, estará en cuestión la validez constitucional de ese precepto.
Por ahora, la incógnita es si se celebrará un juicio sobre la destitución del presidente en el Senado, y en ese mismo sentido cuál será el resultado de dicho juicio. Otra incógnita más importante, que para todo fin práctico se despejará en noviembre del próximo año, es la forma en que el electorado reaccionará a los resultados de toda esta coyuntura legal y política. ¿Castigará a los demócratas por haber tenido la osadía de cumplir con su obligación constitucional?, ¿o entenderá y aceptará que proceder como lo hicieron es la única forma en que la nación debe ser gobernada?
Trump no es necesariamente un fascista o un dictador en el sentido clásico del término, ni puede serlo, a pesar de sus aborrecibles métodos de gobierno. Tal vez sea un populista en el peor sentido del término. Pero ni él, ni el apoyo y extravío del Partido Republicano podrán impedir que la mayoría del electorado decida si continúa en el poder o elige un nuevo presidente. Hubo elecciones y las habrá nuevamente.
Abusando de su poder, Trump ha impedido que sus colaboradores cumplan con los citatorios del Congreso