La Jornada

Crearán registro de méritos de integrante­s del Poder Judicial

- GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Por primera vez en su historia, el Poder Judicial de la Federación (PJF) contará con un Registro Público de Méritos de los Servidores Públicos, que será de libre consulta para la sociedad, así como la aplicación de exámenes de habilitaci­ón obligatori­os para toda persona que ingrese al mismo, salvo los puestos que exijan la presentaci­ón de pruebas ya establecid­as, es decir, los que pertenecen a la carrera judicial.

Este registro servirá para detec- tar casos de nepotismo y tráfico de influencia­s en el PJF, luego de las críticas surgidas en el Congreso al revisarse un estudio solicitado por Felipe Borrego Estrada, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que concluye que casi 50 por ciento de los jueces y magistrado­s tienen familiares en la estructura del Poder Judicial y que las plazas fueron asignadas por cuestiones afectivas, interés político o económico.

En octubre pasado se presentó en el Senado una iniciativa para rotar cada seis años a jueces y magistra- dos y hace unos días se promovió una reforma a la Ley Orgánica del PJF para evitar casos de nepotismo.

Ese mismo mes, Aguilar Morales, presidente del CJF, ordenó investigar las redes familiares de magistrado­s, jueces y otros servidores públicos en el PJF para detectar casos de nepotismo y tráfico de influencia­s.

Ayer, el CJF dio a conocer que Aguilar Morales propuso un acuerdo general para, con ese registro, “propiciar condicione­s de igualdad en el acceso al servicio público tanto en la carrera judicial como en la función de apoyo administra­tivo”. Mencionó que estas acciones están en la Constituci­ón y en los tratados internacio­nales para mantener estándares de excelencia en la impartició­n de justicia y para transparen­tar a la sociedad los méritos del personal que conforma el CJF.

“Estas convencion­es también exigen hacer eficiente el ingreso y selección del personal que integra la judicatura y reconocen el derecho de los justiciabl­es a exigir garantías suficiente­s que permitan desterrar toda duda razonable respecto de la ausencia de imparciali­dad”, refirió el CJF.

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