Conasami condena a 8 millones de personas a la pobreza: ONG
Descartan activistas que incrementar el salario mínimo genere presiones inflacionarias
Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACFP), movimiento que surgió en mayo de 2015 y que a la fecha aglutina a 60 organizaciones civiles, condenó que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinara no aumentar los sueldos, ya que con ello, aseguró, obliga y condena, por decreto, “a vivir por debajo de la línea oficial de la pobreza” a 7 millones 926 mil 332 trabajadores mexicanos que ganan como máximo 88.36 pesos al día o 2 mil 650.80 al mes.
Rechazó que el aumento al salario mínimo genere presiones inflacionarias, ya que, recordó, fue desindexado de tarifas y multas del sector público, además que desde 2015 se homologaron las percepciones que había en tres zonas económicas sin subir precios o perder empleos.
“En el contexto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigimos al gobierno mexicano que busque la competitividad y la productividad en un impulso a la inversión, a la innovación, la educación, el desarrollo de la ciencia y tecnología. En eso debería usar el dinero público y no en la compra del voto y
■ Llaman al gobierno a buscar la competitividad y la productividad con un impulso a la educación y la tecnología ■ Pretenden reducir la miseria sólo con políticas sociales, reprochan
la corrupción a costa de millones de mexicanos”, sentenció.
“La generación de empleos de calidad con salarios adecuados que impacten la productividad es un reto de la política económica. Sin embargo, parece que se pretende enfrentar la pobreza sólo con políticas sociales”, acusa el movimiento.
El pasado 21 de mayo, el consejo de representantes de la Conasami, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), “resolvió por unanimidad no continuar con el proceso de revisión del salario mínimo general vigente” con el argumento de que “la economía mexicana enfrenta factores de riesgo considerables”, por lo que debe “privar la prudencia y evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”.
Ello a pesar de que el mismo dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, se pronunció de manera reiterada porque se revisara el salario mínimo e incluso sostuvo que sí existen condiciones económicas para que aumente a 98.15 pesos por día.
ACFP también refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de decenas de organizaciones civiles y sociales, tanto aglutinadas en la organización como ajenas, consideran que es “urgente, necesario y viable un alza en el salario mínimo”, como piso hacia un remuneración suficiente que permita a los mexicanos vivir con dignidad y sin miseria.
La decisión de la Conasami es “inmoral e irresponsable” y violatoria a los derechos humanos de millones de mexicanos, por lo que la agrupación advirtió que mantendrá abiertos los procesos que a escala nacional e internacional inició desde enero y febrero de este año contra el gobierno federal ante la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de Naciones Unidas para que cumpla con la ley.
Los argumentos de la Conasami de no aumentar el salario mínimo para mantener un equilibrio macroeconómico los calificó de “pretextos y prejuicios”, además de falsedades, y consideró que el llamado “monto independiente de recuperación” es una herramienta eficaz para aumentar en números absolutos el salario mínimo sin que tenga repercusiones en incrementos porcentuales de otros ingresos, como en los que son negociados en los contratos colectivos de trabajo y eso se demostró en los ajustes de diciembre de 2016 y 2017.