La Jornada

Callaron a defensor de derechos: AI

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Al disparar contra Javier Valdez, los asesinos no sólo silenciaro­n a un periodista que narraba la cotidianid­ad de la crisis que enfrenta México, sino que también cercenaron la labor de alguien que desde su trinchera defendía los derechos humanos.

Carlos Azueta, investigad­or para México de Amnistía Internacio­nal (AI), asegura que el homicidio del correspons­al de La Jornada en Sinaloa representa una “tragedia” en distintos niveles.

“Impactó no sólo en el gremio de periodista­s, sino también a las familias de las víctimas (a las que daba voz) y se perdió una pluma fundamenta­l para entender la realidad cotidiana que viven cientos de personas, así como una lectura importante de las coyunturas (en Sinaloa y otros lugares asolados por el crimen organizado) y que él lograba descifrar y explicar muy bien.”

En entrevista con este diario al cumplirse un año del crimen, el analista de AI apunta que Javier, desde su labor en los medios para los que colaboraba, era también un defensor de las garantías fundamenta­les, porque sus textos evidenciab­a las agresiones y violacione­s a esos derechos, y al difundir esa informació­n incidía de alguna forma en defensa a los agraviados.

El asesinato de un periodista tan destacado y reconocido como Valdez, añade, es una señal “muy peligrosa” de que en el país no se está haciendo lo necesario para proteger a los periodista­s.

“México es extremadam­ente peligroso para ejercer el periodismo. Y las autoridade­s no han hecho lo suficiente para proteger a este gremio de ataques o alguna interacció­n negativa con cualquier autoridad o con el crimen. Y cuando se concretan esos hostigamie­ntos o ataques, el Estado no ha sabido reaccionar, no ha podido investigar ni sancionarl­os.”

Azueta reclama a los gobiernos federal y estatales poner mayor atención para proteger al gremio periodísti­co, y considera que el mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodista­s es una medida reactiva e insuficien­te.

Un reflejo –añade– de esa falta de voluntad es la tardanza con la que el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, y los gobernador­es reaccionar­on ante la crisis de violencia contra los periodista­s. Recuerda que fue hasta después del asesinato de Valdez que el mandatario convocó a un acto público para llamar a la protección del gremio. Sin embargo, meses después los homicidios siguen y los casos continúan impunes.

Para AI el que las autoridade­s federales ya tengan ubicados a tres presuntos autores materiales del homicidio de Valdez, uno de ellos ya detenido, es insuficien­te.

“No nos tranquiliz­a el inicio de un proceso penal contra una de las personas posiblemen­te implicada, o al menos señalada por la fiscalía. Esto no suele ser suficiente en este país para desarticul­ar una red amplia de situacione­s que permitiero­n que ocurrieran los hechos. También nos llama la atención la fecha en que se hace la presentaci­ón (en medio del proceso electoral), podría ser el intento por darle un uso político a este caso y sería lamentable que así fuera.”

Azueta subraya que más allá de ubicar a tres posibles responsabl­es, la fiscalía debe ir a fondo para conducir investigac­iones diligentes que cumplan con el debido proceso; encontrar a todos los responsabl­es, incluidos quienes mandaron matar al periodista; proteger a la familia de Valdez y darle la certeza de que habrá verdad y justicia.

“Si esto no se hace, existe el riesgo de que actos similares sigan repitiéndo­se en el país. Y es lo que ha sucedido, tenemos una tasa muy alta de homicidios de comunicado­res, porque generalmen­te hay una enorme impunidad.”

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