Gobierno de Bolivia llama a suspender huelga de médicos
Protestan contra nueva ley que sanciona la mala práctica; el paro lleva más de un mes
El gobierno boliviano pidió este martes a los médicos suspender por razones humanitarias la huelga que mantienen desde hace más de un mes en rechazo a una nueva ley que regula el sector, en momentos en que el conflicto escala y recibe el apoyo de otros gremios. “Les estamos pidiendo que sigan sus protestas en las calles, pero que atiendan a los enfermos”, declaró la ministra de Salud, Ariana Campero.
Apoyados por familiares de enfermos, estudiantes de medicina y trabajadores de hospitales públicos y consultorios privados, los médicos convocaron a marchas y bloqueos por todo el país, en protesta por la nueva ley que sanciona la mala práctica profesional con cárcel (de dos a seis años), inhabilitación y reparación económica.
El Colegio Médico Boliviano también se opone a la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control en Salud, organismo que fijará la tarifa sobre los derechos que habrá de pagar al Estado el sector privado de salud.
El gobierno del presidente Evo Morales reiteró su llamado a los médicos para que suspendan su medida de presión, y reiteró que sólo se sentará a dialogar una vez que retomen su labor en los hospitales, aunque decidan mantener las huelgas de hambre y las protestas en las calles.
Durante la Nochebuena y el día feriado de Navidad hubo marchas y huelgas de hambre, mientras en los hospitales públicos los servicios de emergencia son los únicos que funcionan. En algunas movilizaciones intervino la policía.
En apoyo a los médicos, quienes afirman que dicha ley “criminaliza” su labor, paramédicos y administrativos de hospitales públicos anunciaron que se sumarán a la huelga a partir de este miércoles, al tiempo que el mayor sindicato del país, la Unitaria Central Obrera Boliviana, estudia declarar una huelga general.
El Comité Civil de Lucha Contra la Negligencia Médica reveló que en 25 años se han registrado en el país unos 5 mil casos de mala praxis médica y sólo 5 por ciento tuvo una solución legal favorable a las víctimas.