Obtiene Padrés un amparo contra auto de formal prisión por delincuencia organizada
Se le imputan siete cargos, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita
La falta de pruebas favoreció al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías en la causa en que se le investiga por delincuencia organizada. El juzgado quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México otorgó un amparo al ex mandatario contra el auto de formal prisión por dicho delito.
Esto no quiere decir que vaya a recuperar su libertad, ya que el juez tiene la facultad de volver a sentenciarlo si cumple o no los requisitos para que le dicte auto de formal prisión. A Padrés Elías se le fincan siete cargos, cinco de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por 178 millones de pesos, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
De acuerdo con el expediente 1840/2016, el juez Alberto Roldán Olvera consideró que no hay suficientes pruebas y solicitó al magistrado cuarto de distrito de procesos penales en esa entidad que dicte insubsistente el auto de formal prisión contra Padrés Elías por delincuencia organizada.
En el fallo, también pidió que dictamine con plenitud de jurisdicción una nueva resolución, pero sólo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por sí adquiera y deposite numerario dentro del territorio nacional.
‘‘Y en relación con el diverso ilícito de delincuencia organizada, determine que, dada la insuficiencia probatoria, no se encuentran acreditados los elementos del delito’’. En el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ‘‘para considerar que se actualiza el delito previamente debe establecerse qué ílicito o tipo penal se configura y de cuál derivan tales recursos’’.
Según el Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (o lavado de dinero) no es grave, por lo que la defensa de Padrés Elías podría solicitar su liberación bajo monitoreo o arraigo domiciliario.
El 10 de noviembre del año pasado, el ex gobernador de Sonora –preso actualmente en el Cefereso del Altiplano– se entregó a un juez federal para que se le enjuiciara por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (8.8 millones de dólares) y defraudación fiscal.
Además, autoridades señalaron en su momento que se le imputa haber reportado ingresos menores a los obtenidos en su declaración fiscal de 2015 y haber transferido recursos del extranjero a territorio nacional sabiendo que eran de una actividad ilícita.
Asimismo, se le señala ser presunto responsable de haber otorgado contratos directos entre 2009 y 2014 para adquisiciones ‘‘a modo’’ por un monto de 260 millones de pesos que estaban destinados a programas de útiles escolares. Según las indagatorias, 178 millones fueron a cuentas de familiares, incluyendo uno de sus hijos y a empresas relacionadas con su núcleo familiar.
La Procuraduría General de la República (PGR) puede apelar al fallo ante un tribunal colegiado.