WOLA pone en duda compromiso del gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa
“Queda demostrada la impunidad generalizada”, destaca
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tienen un sueño recurrente: que sus hijos aparecen, que están vivos. Que aquella larga noche que inició el 26 de septiembre de 2014 por fin termina. Así lo aseguran a tres años de los hechos, tiempo en que las autoridades no les han dado certeza de lo que ocurrió con los jóvenes, quienes, insisten, “están vivos”.
“¿Eres tú Miguel? ¿Por fin llegaste?”, dice don Estanislao a su hijo. “Sí, soy yo”, responde una voz inconfundible. El gozo se apodera del hombre, pero no logra identificar a quien le habla, su rostro es difuso. El padre llora de felicidad. Tiene años buscándolo y parece que la pesadilla puede quedar atrás. Un sobresalto lo regresa a la realidad y enmudece. La imagen es sólo producto de un sueño, cuenta don Estanislao, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, uno de los 43 normalistas.
En dos días Israel Caballero Sánchez, otro de los jóvenes desaparecidos, cumple 23 años. La última vez que vio a su madre, doña Genoveva, le pidió que para su cumpleaños 20 le preparara unos tamales. Pero ya no regresó. Los sollozos la obligan a hacer una larga pausa y cuando logra recuperarse, contundente reclama: “¿Dónde están? ¿Dónde los tienen?”
Miguel quería apoyar a sus padres, hermanos y sobrinos. No se conformó con la peluquería que puso años atrás en su pueblo. Decidió ser maestro porque adora a los niños. Incluso en su negocio siempre había un detalle para los pequeños en los días del Niño, Reyes y en Navidad.
Su padre trabajó por años en Estados Unidos, a donde Miguel lo alcanzó. Regresaron a Guerrero y años después decidió entrar a la normal. “Hazlo, nunca es tarde”, le dijo don Estanislao, pues su hijo tenía 33 años cuando comenzó los estudios normalistas.
Israel deseaba darle una mejor vida a su pequeña recién nacida. El trabajo en el campo era insuficiente y lo resolvió: sería maestro. “Hoy la niña, de tres años, pregunta constantemente por él. ‘Ya va venir, le digo’. No sabe nada y lo sigue esperando”, dice doña Genoveva.
Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno más de los 43, siempre le decía a su madre, Martina: “La voy a sacar de trabajar porque está mala de las rodillas”. El 20 de septiembre fue el último día que lo vio. Lo fueron a despedir al autobús, pues regresaba a la escuela. La mujer, sin poder avanzar, se quedó con ganas de abrazarlo y a la distancia le mandó la bendición.
Jhosivani tiene hoy 22 años, es el menor de seis hijos (tres mujeres y otros dos hombres). Cada que doña Martina regresa a casa tras reuniones con autoridades federales la pregunta es invariable: “¿Qué novedades hay, mamá?”. La respuesta ha sido la misma durante tres años: “Nada, pura mentira”. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) enfatizó que la “injustificada” lentitud de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa “pone en duda el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y el estado de derecho”.
A tres años de los hechos, esta organización criticó en un posicionamiento que la administración de Enrique Peña Nieto todavía no pueda proporcionar un relato concluyente de lo que sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos, no haya identificado y condenado a los responsables del crimen, y no haya investigado a los funcionarios que manejaron el caso y que pudieron haber obstruido la justicia.
Destacó la necesidad de seguir apoyando a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia. “Es injustificable que el gobierno mexicano no proporcione respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, dijo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México en WOLA.
“La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha calificado como ‘la investigación más exhaustiva en la historia de México’, junto con la creciente evidencia de que funcionarios públicos obstruyeron la justicia y obstaculizaron la investigación, ha llegado a demostrar la impunidad generalizada en el problemático sistema de justicia penal del país y la falta de voluntad política del gobierno para investigar y sancionar con credibilidad violaciones de los derechos humanos”.
La integrante de WOLA sostuvo que mientras la teoría principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero, los expertos independientes –entre ellos el grupo creado por la CIDH para dar seguimiento al caso– han encontrado lo contrario.
Meyer remarcó que en México hay, de acuerdo con cifras oficiales, más de 32 mil personas desaparecidas en los años recientes, por lo que subrayó que la obligación del gobierno de Peña Nieto no sólo es investigar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, “sino también garantizar la justicia para todas las víctimas desaparecidas y sus familias”.