Mediante caso fabricado, un ama de casa acumula seis años encarcelada
Acusada de plagio, Verónica Razo fue violada; su proceso está plagado de irregularidades ■ El tema revela sistema practicado durante el calderonato por el que policías recibían bono de $17 mil por cada detenido señalado de “delincuencia organizada” ■ Fue
Es la presa 1091. El número va estampado en cada prenda del uniforme carcelario y la persigue hasta en las hojas que usa para enviar cartas a sus hijos. En el penal la llaman “interna” y reside en un área de “semilibertad” porque no ocupa celda, sino cuarto en una “casita”, pero Verónica Razo Casales dice que son eufemismos: desde hace seis años está encerrada en cárceles de máxima seguridad por un delito que no cometió.
“Me está matando la desesperación, la angustia. Se cumplen seis años y es demasiado”, dice a La Jornada dentro del Cefereso 26 de Morelos, su tercera prisión, pues antes la tuvieron en Mexicali y en Tepic.
Hasta el 8 de junio de 2011 era un ama de casa dedicada exclusivamente a su familia. “La vida me cambió en un instante”: a las 13:45. Caminó entonces desde su domicilio, en Lucas Alamán 34, hacia el Metro Doctores para encontrarse con Jorge López Albor, un vendedor de ropa a quien había conocido el día previo en un tianguis y le entregaría prendas. Al llegar al punto acordado, la interceptaron cerca de 10 hombres armados que bajaron de dos autos.
“Los vecinos me avisaron y corrí hacia allá”, recuerda su madre, Austreberta Casales. “Vi que la sometía un tipo alto y moreno pero también había otros hombres. Eran como 10, todos con armas largas, playeras polo blanca y pantalones, vestidos de civil. La encañonaron y se la llevaron.”
Empezó entonces el martirio de Verónica Razo Casales: fue torturada y violada en instalaciones que se sospecha eran de la ex Agencia Federal de Investigación (AFI) y después llevada a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo); incomunicada; sin acceso a un abogado y obligada a firmar papeles en blanco que se transformaron en confesión autoinculpatoria, documento que la tiene presa desde hace más de 2 mil 192 días.
La autoridad, sin pruebas consistentes
La Procuraduría General de la República (PGR) la acusa de “secuestro” y “delincuencia organizada”. En realidad no es culpable, sino víctima, porque “el caso es fabricado”, denuncia Natalia Pérez Cordero, abogada de la Comisión Mexicana de De- fensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
No hay pruebas consistentes en su contra. Sí, un proceso plagado de irregularidades, violaciones a sus derechos y faltas al debido proceso: “En el pliego de consignación hay una mescolanza terrible. Es ficticia la acusación de pertenencia a una banda, porque, si bien son tres las víctimas del secuestro que la acusan, sólo dos dicen reconocer a Verónica y una de vista, [...] nunca mencionó haber tenido contacto con alguna mujer. En las denuncias tampoco mencionan directamente a Verónica; además, el supuesto reconocimiento no cumplió con requisitos, como recurrir a una cámara Gesell, donde se debe presentar a cinco personas de similares características físicas para generar duda: a Verónica la pusieron sola en el cuarto, era la única persona posible de identificar. Muchas veces los policías intentan hostigar a las víctimas del delito para que señalen a alguien”.
La abogada agrega que Razo Casales no tuvo acceso a una defensa legal “y firmó una confesión bajo tortura, tanto ella como los otros 13 coprocesados en el mismo caso, incluido su hermano”. Es que ese 8 de junio fatídico, también arrestaron a su hermano Iván, ex policía federal, y se presume que la detención ilegal de Verónica obedeció a que su número era el último marcado en el celular de él. Detuvieron además al vendedor de ropa con quien se encontró en el Metro Doctores, Jorge López Albor, y otras 11 personas que fueron presentadas como parte de la misma “banda de secuestradores” y supuestamente detenidas en un “operativo”, aunque ni los hermanos Razo Casales ni López Albor las conocen y fueron arrestadas en días, lugares y circunstancias diferentes.
El 8 de junio de 2011, Austreberta denunció de inmediato el secuestro de Verónica ante diversas instancias. Esos documentos hoy resultan cruciales, porque el arresto oficial –parte informativo de puesta a disposición– está fechado un día después. Lo firman siete policías federales incluida una agente, aunque ninguna mujer estuvo presente cuando se llevaron a Verónica Razo.
“Ese es el gobierno”
Austreberta sólo encuentra una razón para explicar la detención arbitraria. “Durante el sexenio de [Felipe] Calderón a los policías les daban un bono de 17 mil pesos por cada detenido por supuesta delincuencia organizada”, dice, pues conoce a personas dentro de las fuerzas de seguridad.
–¿Existe entonces una industria de fabricar casos?
–Sí. En esos años muchas mujeres fueron sustraídas de sus casas para violarlas y encerrarlas en cárceles. Ese es el gobierno. Lo he visto en las prisiones, tengo seis años asistiendo a penales.
“De 2011 a la fecha casi todos los expedientes son fabricados –continúa–, todos con las mismas acusaciones de delincuencia organizada, secuestro, acopio de armas y drogas.”
La abogada Natalia Pérez Cordero explica que la acusación de delincuencia organizada se ha vuelto un comodín: “Es un formato utilizado sistemáticamente en años recientes, porque agrava al otro delito, en este caso presunto secuestro, y además tiene mayor impacto de imagen para el Estado. Es una forma de simular que están haciendo un gran trabajo, desarticulando a grandes grupos delictivos”.
Austreberta precisa: “Al bono de 17 mil pesos se lo daban al policía que ponía a disposición por esos delitos, por eso siempre son casos de seis, ocho personas supuestamente detenidas juntas. No sólo se llevaron a mis hijos, vea las estadísticas de esos años”.
Sólo en el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, entre diciembre de 2006 y marzo de 2010, fueron detenidas 121 mil 199 personas por presunta participación en organizaciones criminales, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública nacional. Muchas de ellas “presentadas” en conferencias de prensa que se realizaban a diario. ¿Cuántas eran inocentes y cuántos verdaderos delincuentes? ¿Cuántos aprehendidos a cambio de un bono económico?
“Hay que pedir que desistan de la prueba… se debe cerrar la instrucción… eso está en autos”, son las palabras que usa Verónica. Entiende y pregunta sobre detalles procesales, un mundo legalista que antes desconocía y ahora domina “por la necesidad de libertad”.
“Mi causa –la 572011, en manos del juzgado octavo de dis- trito del estado de México– ya lleva 39 tomos, ¡39!” Es decir, cerca de 20 mil fojas. La cantidad no significa avance, dice la abogada: “Todas las pruebas son partes informativos y declaraciones, no hay periciales ni reconstrucción de hechos. La cantidad se usa para simular que hay trabajo además de generar confusión, tanto material confunde y dificulta el avance”.
Desde el penal, con problemas de salud derivados de la tortura, pero con firmeza en sus palabras, Verónica Razo Casales denuncia que en seis años nunca ha podido hablar con su abogado de oficio, el que le asignó el Estado. “Se llama Adán Reséndiz pero no lo conozco. Si lo he visto cinco veces en este tiempo han sido muchas y no me permiten hablar con él. He pedido permiso para hablarle durante las audiencias y nunca me autorizan. Nunca hablé con él.”
La falta de contacto con su abogado “no es legal, es violatoria de un derecho de los procesados, pero pareciera que se ha normalizado como práctica”, explica la abogada Pérez Cordero. Es una estrategia de la política de fabricación de delincuentes: “alejar a la víctima de su defensa y núcleo familiar”. Además, a los defensores de oficio, como Reséndiz, “el Estado llega a asignarles hasta 600 defendidos por año. Parece un sistema perfectamente orquestado para que las personas nunca puedan tener justicia pronta y expedita”.
Recomendación de la CNDH
Por gestiones de Austreberta Casales y la Cmdpdh, el 24 de marzo de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en favor de los hermanos Razo Casales dirigida al titular de la PGR y al Comisionado Nacional de Seguridad (oficio 18782 de la primera visitaduría general).
Verónica exige el fin de un martirio que no sólo la afecta a ella: “Yo estoy aquí dentro, pero de alguna forma también tienen encarcelados a mi madre y a mis hijos; ellos sufren como yo”. Cuando la secuestraron, Razo Casales tenía 32 años y sus hijos, Byron y Luna, 12 y siete años. Sin su madre al lado, la niña cursó la primaria y ahora va a secundaria; el muchacho pasó su adolescencia y terminó la preparatoria. “¿Cómo repararle a Luna las noches que ha estado enferma sin mí, los 10 de mayo o las veces que le han dicho que es huérfana? A Byron le quería festejar sus 15 años y él se reía, me decía ‘mamá, estás loca’. Yo sólo quería hacerle una fiesta bonita y después le prometí ‘entonces a tus 18’ –hace silencio, piensa que ya tiene 19 y se borra su sonrisa–: ya no puedo prometerle nada. Y yo también tenía proyectos para mi vida; quería estudiar derecho, pero ya no voy a tener tiempo. Ahora, lo único que quiero es salir. ¿Qué quisiera hacer? Cosas, como ir al cine con mis hijos”.