De probarse peculado electoral, la maestra perdería derechos políticos
La abanderada de Morena no ha sido citada por la PGR
Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del estado de México, solamente perdería sus derechos políticos si es encontrada culpable de la comisión de peculado electoral y se le dicta sentencia de manera definitiva, en tanto que su campaña no se detendría ni perdería su candidatura, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta el momento, la aspirante al gobierno del Edomex no ha sido citada a declarar y la carpeta de investigación apenas se encuentra en etapa de integración.
En este caso, el miércoles pasado, durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura mexiquense, la abanderada del Partido Acción Nacional ( PAN), Josefina Vázquez Mota, señaló que Delfina Gómez, como presidenta municipal de Texcoco, realizó descuentos de 10 por ciento de su salario a los trabajadores del ayuntamiento y los recursos se destinaron a actividades de grupos políticos afines a Morena.
Un día después, integrantes del PAN denunciaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ( Fepade) a Delfina Gómez por su presunta responsabilidad en los delitos de financiamiento ilegal a organizaciones políticas y campañas electorales, así como de enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias.
Los representantes del partido blanquiazul entregaron a la Fepade copia de una soli- citud de información pública realizada al gobierno del estado de México, a través de la cual obtuvieron copias de pólizas en las que se señala el descuento realizado que, según la denuncia presentada, supera 13 millones de pesos.
De acuerdo con funcionarios de la PGR, el Ministerio Público Federal inició, con base en la documentación ofrecida, una carpeta de investigación, por lo que en términos electorales se considera peculado electoral, delito que se encuentra establecido en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en el cual se menciona:
‘‘Se impondrán de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años’’ al servidor público que ‘‘solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.’’
Las fuentes consultadas indicaron que aunque se citara a declarar a Delifina Gómez, e incluso se llegara a consignar el expediente, ella no pierde sus derechos políticos. Si se le dictara auto de formal prisión no iría a la cárcel, y su juicio lo podría enfrentar en libertad pagando una fianza; solamente perdería sus derechos políticos hasta que se le dictara sentencia, ‘‘lo cual puede tardar años con la interposición de diversos recursos’’.
A este respecto, se debe mencionar que de manera reiterada el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, ha señalado la necesidad de que haya una reforma penal en la que se tipifique como grave el delito de peculado electoral y los inculpados puedan ser encarcelados.
El fiscal se ha quejado de la ‘‘falta de dientes’’ en la ley para sancionar a quienes cometen este tipo de delitos, ya que en todos los casos los inculpados pueden enfrentar sus procesos en libertad luego de unas horas o días en prisión.