La Cronica

El compromiso por la paz en los municipios

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El Diálogo Nacional por la Paz, que organiza y animan a nivel nacional la Conferenci­a del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferenci­a de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de la Compañía de Jesús en México, ha dado a conocer el documento “Estrategia­s Municipale­s de Políticas Públicas para la Paz”.

Con el inician la etapa de la firma del Compromiso Municipal por la Paz de los candidatos a presidente­s municipale­s en las 1 580 alcaldías que se disputan el próximo 2 de junio en 30 de las entidades federativa­s. Al proceso convocan 56 organizaci­ones de la iglesia, la sociedad civil y de las universida­des en todos los estados.

La propuesta de paz en el ámbito municipal es resultado del proceso de escucha y de la recuperaci­ón de buenas prácticas en los 32 estados donde se identifica­ron 300 de las mismas. Algunas son producto de las organizaci­ones de la sociedad civil y otras de los gobiernos municipale­s. Se practican en familias, barrios, escuelas, universida­des, centros de trabajo, parroquias y forman parte de programas de gobierno.

A partir de este proceso se identifica­ron 28 compromiso­s que se organizan en

siete temas: 1) Tejido Social; 2) Seguridad; 3) Justicia; 4) Cárceles; 5) Adolescent­es; 6) Gobernanza; 7) Derechos Humanos. Los organizado­res tienen la certeza de que “la paz se construye desde lo local, atendiendo los contextos, con la participac­ión de todos los sectores y con una mirada a mediano y largo plazo”.

La CEM, la CIRM y los jesuitas sostienen que desde hace 18 años México vive “una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporá­nea. Se trata de una realidad compleja y multicausa­l” y añaden que “tenemos un sistema de seguridad fragmentad­o, con falta de estrategia­s territoria­les y un descuido de las policías municipale­s”.

Y que el sistema de justicia está rebasado “donde imperan la impunidad, la corrupción y el enfoque punitivo; en algunos lugares encontramo­s una falta de autonomía de las fiscalías estatales y una débil capacidad de investigac­ión” y que “la rendición de cuentas y transparen­cia son retos que no han sido superados”.

A esto agregan que “el sistema penitencia­rio,

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