Derechos del menor, pisoteados
En los servicios de televisión por cable es posible introducir una clave de acceso (pin parental) con el fin de bloquear contenido para adultos y evitar que los menores de edad tengan acceso a él; en el ámbito familiar, se trata de una acción autónoma que no trasciende del hogar. Trasladar una situación similar a la población en general -para interferir en la educación sexual que se imparte en las escuelas, por ejemplo- y convertirlo en ley debe ser objeto de un amplio debate.
En al menos 13 estados han avanzado acciones para que los padres de familia puedan autorizar los contenidos que se enseñan en las escuelas y limitar temas como la igualdad de género, la salud sexual y la reproductiva.
Generalmente se trata de organizaciones sociales de tipo conservador que consiguen el apoyo de partidos políticos para reformar leyes educativas.
En Nuevo León la iniciativa del llamado pin parental fue votada y rechazada en el Congreso local, mientras que en Aguascalientes la Comisión de Derechos Humanos local impugnó las reformas educativas que habían sido incluso publicadas en el Periódico Oficial estatal.
Las reformas avanzan agazapadas, sin la debida difusión que debería tener una propuesta de esa envergadura.
Se trata de iniciativas que van en contra de los derechos de niños y niñas establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia e incluso contra la Constitución, que en su artículo tercero hay al menos dos párrafos que podrían dar al traste con lo que empujan organizaciones sociales y partidos. Uno establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Otro menciona que corresponde al Estado la rectoría de la educación.
No basta con que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncien en contra del pin parental. Las ideas en ese sentido avanzan en los estados a pesar del rechazo de organismos internacionales.
Grupos de padres y madres de familia están pasando por encima de los derechos de los menores a recibir educación sexual y a tener acceso al conocimiento sobre salud reproductiva. Lo lamentable es la complicidad de legisladores que hacen valer ideologías en lugar del interés general.