Van por proteger a hijos de mujeres reclusas
• Proponen en San Lázaro reforma para garantizar a niños el derecho al desarrollo
En San Lázaro buscan que los hijos de las reclusas tengan garantizados derechos sociales, servicios especializados, alimentación adecuada y atención sicológica, y para ello se pretende modificar diversas leyes.
La diputada Fabiola Raquel Loya (MC) propuso reformar al artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para proteger a niños en situación de acompañamiento o cuando estén a cargo del padre, tutor o custodio.
La modificación legislativa pretende agregar una fracción al artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de establecer que las mujeres privadas de su libertad tengan derecho a que su hijo reciba alimentación adecuada, acorde con su edad, para proteger su desarrollo; además, que tenga atención sicológica durante el acompañamiento.
Se considera que para garantizar los derechos de los niños, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) supervise sus condiciones en las prisiones y garantizará estos derechos.
Para realizar la anterior acción se sugiere también realizar cambios a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que el Sistema Nacional de Protección Integral tenga la atribución de ordenar y sistematizar la información de los menores de edad a beneficiar.
La iniciativa que analizan las Comisiones Unidas de Derechos de la
Niñez y Adolescencia, y la de Justicia expone que, aunque la ley garantiza los derechos y existen políticas que protegen a los niños, hay una población invisible al Estado.
Se pretende modificar artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Social, con la finalidad de contar con un registro de los menores de edad que viven en penales para que el Estado
diseñe e impulse políticas específicas para atenderlos.
Por lo tanto, se precisa en la iniciativa que las bases de datos de los centros de adaptación social deberán contener, al menos, el nombre completo del niño que viva con su madre en el centro penitenciario, sexo, acta de nacimiento, expediente médico con historial clínico completo, así como nombre completo, dirección y parentesco en caso de que se tenga algún familiar, padre, tutor o custodio fuera del centro.
De acuerdo con Reinserta A.C. e Inmujeres, hay alrededor de 500 menores de edad que viven en centros penitenciarios junto con sus madres. El estudio refleja una muestra de 11 prisiones femeniles en la que las reclusas expresan las deplorables circunstancias en las que están los niños.