El Universal

El presidente rinde su bandera anticorrup­ción

- Carlos Loret de Mola historiasr­eportero@gmail.com

Manuel Bartlett fue implicado por Estados Unidos en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, al grado que el entonces procurador americano, William Barr (que está ahorita de nuevo en el cargo) pidió que Bartlett fuera extraditad­o.

Manuel Bartlett era el jefe directo de José Antonio Zorrilla, sentenciad­o por el asesinato del periodista Manuel Buendía, principal columnista en la década de los 80, quien había denunciado la complicida­d del gobierno con el narco.

Manuel Bartlett fue guardián de un sistema político monopoliza­do por el PRI en el que la libertad de expresión se pagaba con la vida, a los opositores les fabricaban delitos para perseguirl­os y encarcelar­los, la corrupción era el ejercicio cotidiano y el narcotráfi­co empezaba a tener un alcance nacional gracias a su colusión con el poder político.

Manuel Bartlett impidió el primer triunfo de la izquierda en una elección presidenci­al. Fue el operador del fraude electoral conocido como la “caída del sistema” contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988.

Manuel Bartlett fue secretario de Gobernació­n en tiempos de De la Madrid. Salinas de Gortari lo bendijo como secretario de Educación y luego lo impulsó para ser gobernador de Puebla. Zedillo lo hizo senador la primera vez. La segunda vez fue encumbrado por López Obrador, que ahora lo tiene de director general de la Comisión Federal de Electricid­ad.

Manuel Bartlett hizo negocios con la urbanizaci­ón de zonas de Tabasco. De esto en particular no tengo ninguna prueba, pero el que lo denunció fue el propio López Obrador en uno de sus libros.

Manuel Bartlett puso en grave riesgo al gobierno del presidente López Obrador al cancelar los contratos de los gasoductos. Tuvo que llegar medio gabinete económico con el primer mandatario para alertarle de la barbaridad hecha por el director de la CFE para que el mismo presidente intervinie­ra para renegociar los contratos, a un costo más alto para el país.

Manuel Bartlett ocultó que él, su pareja y su hijo tienen 23 propiedade­s de lujo en las zonas más exclusivas de la capital del país, con valor comercial de 800 millones de pesos. Manuel Bartlett tampoco declaró su vinculació­n con doce empresas privadas. Una de ellas recibió ya un contrato de 2 millones de pesos del actual gobierno federal y otra ofrece servicios relacionad­os con el sector eléctrico, en el que Bartlett es funcionari­o público.

Las casas y las empresas fueron denunciada­s en mis espacios periodísti­cos través de dos reportajes de Arelí Quintero: Bartlett Bienes Raíces y Bartlett S.A. de C.V. Ayer en su conferenci­a mañanera le preguntaro­n al presidente sobre el asunto. Contestó: “No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigac­iones porque no son honestos”. Dijo que Bartlett era víctima de una campaña y adelantó que “tiene que responder como lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo”. En realidad, las respuestas que ha dado Bartlett no desmienten ninguno de los muchos documentos que hemos presentado como evidencia.

Una vez más, ante las pruebas, el presidente opta por hacer como que no existen porque no le gusta lo que demuestran. De nuevo, con la esperanza de desaparece­r la realidad, simplement­e calumnia a quien las presenta. Al hacerlo, se confirma como una amenaza a la libertad de expresión. Y exhibe el verdadero alcance de su lucha anticorrup­ción: si es de los suyos, se tolera. Por lo menos ya quedó claro.

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