Sepultan a NAIM en Texcoco
El último clavo en el ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México lo colocaron, paradójicamente, los inversionistas extranjeros que habían apostado a su financiamiento, al aceptar las condiciones de recompra o amortización de los papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los adquiridos por nacionales vía Fibra E
En los últimos días la presión llegó a plantear que ante la amenaza de una demanda internacional colectiva, el nuevo gobierno metería la reversa. De hecho, se hablaba de que sólo se esperaba una coyuntura para el anuncio del regreso de Texcoco, que evitara mayor daño a la imagen presidencial.
Hoy mismo se realizará la amortización de los bonos por un monto de mil 800 millones de dólares, de los 6 mil millones emitidos.
Los recursos se extraen de la misma fuente, es decir parte de lo recaudado por las emisiones, depositado en un fideicomiso de Nacional Financiera.
Los papeles adquiridos por inversionistas nacionales, entre ellos los fondos de inversión de las administradoras, para el retiro Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte serán negociadas en las mismas condiciones.
Se mantiene la garantía del Derecho de Uso que pagan los usuarios de la terminal actual, y se agregan los relativos, la de Santa Lucía, que será construida por el Ejército, frente a quienes hablan de despojo a éste.
Al margen de la pérdida de confianza en el gobierno incipiente, el peligro era que, adquiridos los bonos por los llamados fondos buitre a precio castigado en los mercados secundarios, colocaran al país en un conflicto como el que en su momento desestabilizó al gobierno de Argentina.
La cotización de éstos se elevó al impacto de las dos ofertas colocadas en la mesa por la Secretaría de Hacienda. La primera hablaba de cubrir un costo nominal de 90 centavos por dólar, más un estímulo por cada papel de 5.25 billetes verdes.
La segunda ofreció dólar por dólar, más 10 centavos adicionales a quien vendiera, y 10 a su vez para quien aceptara las nuevas condiciones.
Por lo pronto, las obras se mantendrán hasta que se llegue a un arreglo con el resto de los inversionistas y se formalice lo pactado con las firmas contratistas.
La bala pasó rozando.
Balance general. Aunque en el jaloneo final se plantea que se considera servidor público a todo aquél que reciba salarios pagados por el erario, se ve difícil incluir en la tabla rasa a los organismos autónomos y empresas productivas del Estado.
Así, en el papel, dado que queda la posibilidad de reducciones voluntarias, los funcionarios y empleados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, los órganos reguladores en materia energética, las comisiones de telecomunicaciones y competencia, y el Instituto de Transparencia de la información pública, podrían ganar más que el Presidente.
Sigue la danza. En la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública de cara a presuntas irregularidades en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que encabeza Ovidio Noval, están apareciendo nuevos casos.
Así, el organismo le entregó un contrato a la firma Constructora Manzanillo por 154.3 millones de pesos para el reforzamiento de escolleras en el puerto, detectándose pagos por exceso de fabricación y colocación de estructuras por 1.7 millones, además de otros improcedentes en materia de suministro de piedra por 18.6 millones, y omitir penalidades por 10.8 millones más. Y aún hay más.