Fuego y furia en Aztlán

Tomo el título del incendiario libro de Wolff como inspiriración, no por otra cosa sino por su subtítulo: en las entrañas de la Casa Blanca, porque supongo que en Los Pinos debe existir un debate muy serio sobre la conveniencia (o no) de usar las instituciones del Estado para interferir en el proceso electoral y los resultados que de esta decisión se derivan para el mermado prestigio del gobierno y para los candidatos a los presuntamente se quiere beneficiar o perjudicar. Imagino, o tal vez espero, que un nutrido grupo de funcionarios estará haciendo ver a sus superiores lo indecoroso que resulta utilizar los recursos del Estado para tratar de favorecer a una fuerza política que, por lo demás, debería bastarse y sobrarse para competir. Personalmente, creo que José Antonio Meade es un candidato completo en lo que a formación se refiere y un hombre serio que, sin el lastre gubernamental, podría competir mucho mejor. Además de quitarle arrastre y autoridad moral a Meade, la (poco disimulada) intromisión de la (muy poco prestigiada) PGR, en el proceso electoral, difundiendo sin sensibilidad o sentido de oportunidad un video de Anaya y sus acompañantes, no es saludable, para una democracia. Por cierto, y siguiendo el paralelo con DC, el Procurador debería recordar la suerte de Comey, pero volvamos a lo central.

Que un gobierno use tres instituciones para hacer ataques políticos a sus adversarios lo desfonda moralmente. El primero es el servicio de inteligencia y siguen la administración de justicia y el sistema tributario. Usar esas delicadas atribuciones para defender una visión partidista es claramente faccioso. Todo gobierno tiene un origen y una orientación partidista y compite por su continuidad, pero para un demócrata con sentido de estado es una abominación que los pueda usar para beneficio personal o de grupo. Debería considerarse intolerable, entre los cuadros superiores de la administración, el que a funcionarios profesionales les pidieran algo así. Voy más lejos: deberíamos considerar la posibilidad de blindar, para siempre jamás, a las instituciones de esas tentaciones. Usar los recursos destinados a custodiar la seguridad nacional para fines partidistas, debería ser considerado un procedimiento inadmisible, tan aberrante como pedir a los médicos que solo operen a los pacientes que tengan la credencial de un partido político o a los profesores que solo aprueben a los alumnos que manifestaron simpatía por el régimen. Es despreciable. Lo mismo ocurre con el sistema de administración tributaria. Pagar impuestos es nuestra obligación y tener un órgano eficaz de recaudación y auditoría a los contribuyentes es una garantía de supervivencia del Estado. Pero que las auditorías estén orientadas por razones políticas o personales es tan profundamente chocante para un funcionario profesional, como si una campaña de vacunación se concentrara solamente en las poblaciones favorables o peor aún, un médico del sistema de salud utilizará algún producto peligroso para vengarse de un rival de amores o un adversario político. Ese es el tamaño de la monstruosidad.

Peor aún, si cabe, es la utilización de la PGR para propósitos políticos. ¡El ministerio público representa a la Sociedad! Tiene el monopolio de la acusación. Es verdad que su prestigio está bajo mínimos y, por tanto, ni el más ignaro de los ciudadanos se tragaría la versión oficial. Quien publicó el video carece del sentido que todo servidor público debe tener de su dignidad personal y la de su cargo. En un país donde la impunidad es norma, es una broma que se cuenta a sí misma, el que la Procuraduría muestre tanto celo y una sospechosa voluntad de rendir cuentas. Vale preguntarse si la dedicación y constancia con la que está administración se dedica al manejo de la política con minúsculas o ritual, se hubiese enfocado, por ejemplo, a evitar el robo de combustible, a lo mejor tendría mejores resultados. Espero que desistan y corrijan, porque, por esta vía, no solamente agotan la poca credibilidad que tenía la PGR, sino todavía peor, están golpeando la candidatura de Meade y favoreciendo claramente la de Anaya, lo cual debo decir, resulta contraintuitivo; pero claramente quien está articulando esto, no tiene, como lengua materna, la del sentido de estado, estado de derecho.