Guerrero, 5 años de ser “campeón en violencia”
• Crimen organizado, la causa: expertos; Acapulco, con 80% de casos • En Chilpancingo, balean a ex procuradora al resistirse a asalto
Guerrero encabeza en homicidios dolosos en el país, al registrar 9 mil 754 casos en los últimos cuatro años y 10 meses. La disputa por las plazas entre grupos delictivos como Los Rojos, Los Tequileros, Guerreros Unidos, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana ha desatado la ola de violencia en el estado.
Le siguen Estado de México, con 9 mil 733 asesinatos; Chihuahua tiene 5 mil 994 y Jalisco, 5 mil 269, muestra información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2013 se registraron en Guerrero 2 mil 087 homicidios; en 2014 hubo mil 514; para 2015 fueron 2 mil 016; en 2016, 2 mil 213, y de enero a octubre de 2017 se tienen mil 924. El periodo abarca desde el gobierno perredista de Ángel Aguirre hasta el actual del priísta Héctor Astudillo.
Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, advirtió que el estado vive una “crisis de seguridad” en la que al menos 15 grupos criminales se disputan el trasiego de drogas hacia EU.
Dijo que Acapulco concentra 80% de las muertes violentas, le siguen Chilpancingo y Chilapa.
El periodista Héctor de Mauleón afirmó que la violencia en Guerrero debe ser abordada por el gobierno como un asunto de seguridad nacional.
En un presunto intento de asalto, ayer la ex procuradora de Justicia de Guerrero Martha Elva Garzón Bernal recibió un tiro por la espalda en el centro de Chilpancingo.
Guerrero es el estado más violento del país en lo que va del sexenio federal, con un total de 9 mil 754 homicidios dolosos en los últimos cuatro años y 10 meses.
En estos índices le siguen el Estado de México, con 9 mil 733 asesinatos; Chihuahua tiene 5 mil 994; Jalisco, 5 mil 269; Baja California, 5 mil 232; Michoacán, 4 mil 888; Sinaloa, 4 mil 799; Veracruz, 4 mil 555; Ciudad de México, 4 mil 209; Guanajuato, 4 mil 97; Nuevo León, 2 mil 798; Morelos, 2 mil 638, según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De las muertes violentas en Guerrero, 4 mil 502 de las más de 9 mil se han registrado en la administración del priísta Héctor Astudillo Flores, quien asumió la gubernatura de la entidad en octubre de 2015.
Mil 897 ocurrieron en el interinato de un año del académico Rogelio Ortega Martínez, quien sustituyó al perredista Ángel Aguirre Rivero, quien gobernó la entidad del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, tras solicitar licencia al cargo luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Entre 2013 y octubre de 2014 se contabilizaron 3 mil 355 homicidios dolosos en la entidad, azotada por la violenta pugna entre organizaciones criminales como Los Rojos, Guerreros Unidos, Los Ardillos, Los Tequileros, Gente Nueva, Los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, El Cártel del Sur, Cártel Independiente de Acapulco, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Viagras y células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Homicidios internacionales Información estadística del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en 2013 ocurrieron 2 mil 87 asesinatos en la entidad; en 2014, mil 514; en 2015, 2 mil 16; en 2016, 2 mil 213; y en el periodo enero-octubre de 2017 suman mil 924.
Al respecto, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, reconoció que el estado vive una “crisis de seguridad” en la que al menos 15 grupos criminales se disputan diferentes territorios para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, principalmente heroína.
“Estamos en una situación de crisis de seguridad y el Grupo de Coordinación Guerrero, donde se integran las instituciones tanto estatales como federales, lo reconocen, no lo niegan y mucho menos lo minimizan”, admitió.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Álvarez Heredia expuso que el puerto de Acapulco sigue concentrando 80% de las muertes violentas que se reportan en el estado, después está la capital, Chilpancingo, y en tercer lugar el municipio de Chilapa.
“En tercer lugar estaba Iguala, localidad donde ocurrieron los trágicos hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, el problema de violencia nos brincó a Chilapa, municipio que en un momento dado se convirtió en el segundo más peligroso del estado, después de Acapulco”, indicó.
Chilapa, en disputa
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero afirmó que, por las condiciones propicias para la siembra, cultivo y cosecha de amapola, las bandas del crimen organizado se enfrentan por el control de Chilapa, un municipio enclavado en la montaña baja.
“La demanda de heroína ha crecido mucho en Estados Unidos y, por lo tanto, territorios como la montaña baja, donde está Chilapa, se han convertido en centro de disputa entre los grupos delictivos que operan en la zona que son dos: Los Rojos, que ahora se hacen llamar Los Jefes,y Los Ardillos, que protagonizan una confrontación directa, abierta, cruel y sin cuartel por el dominio de la siembra de amapola”, aseveró.
Reveló que las autoridades, tanto estatales como federales, se enfrentan en Guerrero a criminales que están adoptando nuevas formas de violencia, como la de prender fuego a sus víctimas dentro de vehículos.
“Comparados con los cárteles tradicionales, son grupos de menor número de integrantes, pero actúan con mayor ferocidad, son más extremos y crueles. Se puede observar un patrón en el crecimiento del número de personas desmembradas y cuerpos quemados“, indicó.
El funcionario afirmó que los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales por el control de plazas, han dejado “cascadas de ejecuciones, homicidios, cobro de cuotas y secuestros” en diferentes regiones del estado, sobre todo en aquellas zonas que son propicias para la siembra de amapola y distribución de diferentes tipos de drogas.
“Hay otra fuente de violencia, que
son la presencia de grupos de armados, pero que se autodenominan comunitarios y autodefensas, que tienen una presencia en casi 50 municipios del estado. Muchos de estos grupos han surgido por la debilidad que se presenta en las policías municipales”, subrayó.
Las autodefensas
Hasta el momento, el gobierno de Guerrero tiene identificado el surgimiento de 12 grupos de autodefensa, entre los que se encuentran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG); Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG); Policía Ciudadana y Popular (PCP); Policía Rural de la Sierra; Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón; Policía Tecampanera, Paz y Justicia; Movimiento por la Paz; Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero; Policía Paz y Justicia en Chilapa; Policía Comunitaria de Tlacotepec; Policía Comunitaria de Mezcala.
“En muchos de los casos surgieron por la debilidad que presentan las policías municipales, que en muchas localidades es inexistente y en otros municipios es insuficiente, entonces, esta debilidad en las fuerzas locales son la razón de que los espacios se van llenando con autodefensas o grupos comunitarios, que están al margen de la ley y con el riesgo de que orienten sus actividades al interés de los cárteles”, refirió.
Álvarez Heredia aseguró que la crisis de seguridad está siendo combatida con acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales; sin embargo, dijo que “si no fuera por el Ejército, Guerrero estaría en una situación muy complicada”.
Precisó que la violencia en la entidad es por la fragmentación de los cárteles en pequeñas bandas muy “extremas y crueles”.
“La goma de opio, que se traslada a Estados Unidos para convertirse en heroína, en muchas ocasiones la transacción no se hace con dinero, se hace con armas, entonces existe una transportación de armas que llegan a Guerrero y son las responsables de la situación de violencia que vive el estado”.
Asunto de seguridad nacional
Al respecto, el escritor y periodista, Héctor de Mauleón, quien ha dado seguimiento a la situación en Guerrero, consideró que el problema de inseguridad debe ser abordado por el gobierno como un asunto de seguridad nacional.
“Son más de 10 organizaciones criminales las que se han repartido el estado y lo han metido en una espiral que no se había visto en la historia de Guerrero”, comentó.
El columnista de EL UNIVERSAL señaló que la entidad se convirtió en el productor y en el mercado más poderoso de amapola en el mundo, por lo que “el dinero que está generando hace que los recursos que tiene el crimen organizado sean ilimitados, entonces el desnivel es visible, palpable.
“No se ha querido atender la situación debidamente, ya hubo un llamado de atención con el caso Ayotzinapa, fue un suceso que provocó la caída del gobernador, que desató la peor crisis en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y las muertes no paran”, comentó.
“[Violencia del crimen organizado ha dejado] cascadas de ejecuciones, homicidios y secuestros”
“Comparados con los cárteles tradicionales, son grupos de menor número de integrantes [los que operan en Guerrero], pero actúan con mayor ferocidad, son más extremos y crueles” ROBERTO ÁLVAREZ HEREDIA Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero
“Son más de 10 organizaciones criminales las que se han repartido el estado y lo han metido en una espiral que no se había visto en la historia de Guerrero” HÉCTOR DE MAULEÓN Periodista
Balean a ex procuradora, al resistirse a ser asaltada.
Chihuahua.— Ante la ola de inseguridad que azota diversas regiones del estado, el gobierno de Chihuahua suspendió el servicio que ofrecían médicos pasantes en 10 municipios, lo que afectará a miles de pacientes que no podrán recibir atención de especialistas en sus lugares de origen.
“Se garantizó que ningún pasante ni residente será enviado a las comunidades de Gómez Farías, Guadalupe y Calvo, Uruachi, Madera, Batopilas, Guachochi, Guerrero, Bocoyna, Villa López y Villa Coronado”, informó la Secretaría de Salud, luego de que pasantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) mantuvieran un paro de labores por una semana para exigir mejores condiciones de seguridad.
La medida estará vigente hasta febrero de 2018, en esa fecha se hará una evaluación de las condiciones para determinar si es viable o no la presencia de los residentes.
Será una especie de semáforo, con los colores verde y rojo se definirán las zonas donde podrán ser enviados los pasantes de medicina.
El semáforo, que medirá las incidencias delictivas, será establecido en la Mesa Multidisciplinaria de Salud, Servicio Social y de Campo con Seguridad, que en la primera reunión buscó “establecer protocolos de seguridad y definir zonas de riesgo inminente, mediano riesgo y áreas seguras. Vamos a definir las zonas de alto riesgo, de áreas en potencia y zonas seguras. El compromiso es que los muchachos no pueden enviarse a zonas inseguras, eso es lo que queremos definir con unos indicadores muy claros”, precisó la dependencia. Asolados. “El hospital de Gómez Farías siempre ha trabajado con médicos residentes, en cuanto a las especialidades básicas. Le hablo de cirugía, pediatría, ginecología y anestesiología. Con este anuncio se desprotege al hospital, se queda sin esta ayuda.
La gente tendrá que salir a buscar atención a otras ciudades”, señaló el doctor Blas Godínez, quien labora en el centro médico de Gómez Farías y es hijo del director. El hombre fue privado de la libertad desde hace casi un mes por parte de un grupo del crimen organizado.
El doctor Godínez ha sostenido que la banda que secuestró a su padre posiblemente lo esté forzando a atender heridos por los enfrentamientos, “En la región de Gómez Farías hemos tenido muchos hechos violentos contra los médicos. En 2010 golpearon hasta casi matar al doctor Segoviano; en 2012 mataron a un doctor; en 2015 secuestraron a dos médicos que eran padre e hijo. Ahora está la situación de mi padre”, detalló.
Una residente, que abandonó la región noroeste de la entidad a consecuencia de la violencia, explicó que las amenazas de los grupos del crimen organizado son constantes.
“Conmigo trabajaba una enfermera, tenía mal carácter y a veces era un poco brusca con la gente. Un día llegó un grupo del narco, le dijeron que como era muy mala con los pacientes se tenía que ir del pueblo y la amenazaron. Si no se iba en una hora la iban a matar. Se fue de inmediato sólo con la ropa que llevaba puesta”.
Denuncia represalias. Ana Gabriela Cota, médico pasante de la UACJ, demandó civilmente a la Secretaría de Salud de Chihuahua tras haber sido dada de baja de su residencia, en lo que considera fue un acto de represalia por haber denunciado la condicione de inseguridad que padecía en la comunidad donde prestaba sus servicios.
En mayo de este año prácticamente tuvo que huir de Nicolás Bravo, un pequeño pueblo del municipio de Madera, que se ubica a 20 minutos de Gómez Farías. Relató que en esa zona es constante la presencia de vehículos de hombres armados, además de constantes enfrentamientos entre bandas rivales.
Tras denunciar lo que ocurría ante funcionarios de Salud y de la propia UACJ fue suspendida su residencia.
“Los pasantes tienen mucho miedo; sin embargo, no quieren decir todo lo que ocurre por miedo a que los den de baja”, aseguró.
“El compromiso es que los muchachos no pueden ser enviados a zonas inseguras”
SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL
“Conmigo trabajaba una enfermera, tenía mal carácter y a veces era un poco brusca con la gente. Un día llegó un grupo del narco, le dijeron que como era muy mala con los pacientes se tenía que ir del pueblo”
DOCTORA
“Todos los pasantes asignados a esas zonas tienen mucho miedo; sin embargo, no quieren decir todo lo que ocurre por miedo a que los den de baja”
ANA GABRIELA COTA
Médico pasante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez