Costo de la reconstrucción
El gobierno dio a conocer una primera estimación de costos de reconstrucción por 37 mil 500 millones de pesos por daños de los terremotos en 10 entidades, incluyendo la Ciudad de México.
Se dice que esto incluye estimaciones de daño y pérdidas de viviendas, escuelas, hospitales e inmuebles históricos. Sin embargo, a primera vista resulta una suma muy inferior a la de los daños sufridos por toda la sociedad. Quizás por esto el mismo gobierno dice que va a complementar estos recursos con créditos y estímulos fiscales.
El mismo gobierno menciona que hay 150 mil viviendas dañadas o con pérdida total. Esto no incluye los costos de desplazamiento de la población afectada a albergues y manutención en los albergues, pérdidas de ingreso de muchos auto-empleados que tuvieron que desalojar sus casas o lugares de trabajo, reposición de enseres domésticos, atención médica y reducción de ingresos durante los varios meses que durará la reconstrucción.
No hay, en otras palabras, un cálculo realista de la pérdida patrimonial y de ingreso de las familias. Lo que conocemos son estimaciones de pérdidas parciales que por lo mismo puede solventar el gobierno con su presupuesto.
Surge así la pregunta de cómo enfrentarán las familias este impacto. En primer lugar, no lo resolverán, porque no alcanzan sus ingresos corrientes para cubrir pérdidas de ahorro acumulado. Es la misma respuesta al terremoto de 1985, después del cual la ciudad y las colonias nunca recuperaron su condición anterior al sismo en calidad de vida y de vivienda. Si acaso, la respuesta es el declive permanente.
En segundo lugar, lo enfrentarán con reducción de consumo, en donde se sentirá la mayor parte del golpe. Y en menor medida con deuda, incluyendo sus créditos en Infonavit, Fovissste y otras fuentes que hoy se están anunciando.
Como el consumo representa dos terceras partes del producto interno bruto, la reducción de éste por las familias causaría una desaceleración en el crecimiento del producto en el cuarto trimestre de este año y parte de 2018. Aparte de la reducción de consumo inducida por los daños y la necesidad de reconstruir lo que las familias puedan, habrá un mayor debilitamiento por la inseguridad y pérdida de confianza que ya sienten los consumidores.
El gobierno planea un ligero aumento de gasto público mayor al que apenas presentó en el plan que envió al Congreso para 2018. Por el anuncio de la cifra tan pequeña como 37 mil 500 millones de pesos, está claro que no desea alterar el balance fiscal que había presentado originalmente de un déficit fiscal de 2.0% del PIB y un superávit primario (antes del pago de intereses de la deuda) de 0.9% del PIB.
Aunque inicialmente las muestras de solidaridad de la sociedad han dado ánimos, pasadas las dos primeras semanas viene la cruda realidad de reconstruir, reclamar seguros, hacer colas para apoyos, litigar con desarrolladores y arrendadores y para muchos buscar un lugar en donde ejercer su trabajo u oficio, si tuvieron que desalojar sus casas o lugares de trabajo.
El gobierno parece que ya decidió no apoyar más que con gastos mínimos estas necesidades, muy superiores a 37 mil 500 millones de pesos, ya que es claro que su prioridad es cumplir con las metas fiscales que comprometió con el mercado y los organismos internacionales.
Por lo tanto, no debería elevar más las expectativas de las familias, que ya están altas por los anuncios de apoyo que hay en los medios. De lo contrario, se expone a incumplimientos y reclamos, lo que podría ser peligroso.