Detecta CNDH mal uso de cárceles en Nayarit
En 18 centros municipales están personas sentenciadas por delitos Sólo deben atender infracciones administrativas, señala la comisión
“En las celdas los inodoros carecen de depósito de agua, existe obstrucción del drenaje y fugas en instalaciones hidráulicas; hay instalaciones eléctricas improvisadas” CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por medio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, emitió una recomendación dirigida al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por la utilización de 18 cárceles municipales para albergar a personas procesadas y sentenciadas por la comisión de conductas delictivas.
El organismo destacó que las cárceles municipales únicamente deben atender las infracciones administrativas que cometan por faltas a los reglamentos gubernativos y de policía; sin embargo, son utilizados con otros fines.
Enfatizó que además de que los municipios no están facultados para realizar tareas del sistema penitenciario, persisten situaciones apremiantes que son motivo de riesgo para los internos, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, insuficiencia de personal y en general las instalaciones continúan en malas condiciones de mantenimiento e higiene.
“En las celdas los inodoros carecen de depósito de agua, existe obstrucción del drenaje y fugas en instalaciones hidráulicas; hay instalaciones eléctricas improvisadas, los alimentos suministrados a los internos son insuficientes, así como falta de áreas exclusivas para mujeres”, subrayó.
La CNDH resaltó que las instalaciones referidas no reúnen los requisitos mínimos para alojar en condiciones de estancia digna y segura a las personas privadas de la libertad, al no contar con la infraestructura y el personal necesarios para funcionar como establecimientos penitenciarios.
Destacó que en visitas realizadas al Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), así como a cárceles municipales, constató las irregularidades señaladas y verificó el trato y condiciones de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión.
Se analizó su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección a la salud y la integridad personal.
Recomendó que las instalaciones de los centros penitenciarios sean apropiadas, que la alimentación sea adecuada, que se atiendan sobrepoblación y hacinamiento, y que haya instalaciones propias y adecuadas para mujeres.