La corte sesionará en México del 22 de agosto al 2 de septiembre; evaluará el cumplimiento de sus condenas sobre dos casos del estado de Guerrero
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará del 22 de agosto al 2 de septiembre próximos en México y verificará si el Estado acató dos sentencias que dictó en su contra, por torturas de militares y por un caso de desaparición forzada.
Evaluará las reformas a los códigos Penal Federal, en materia de desapariciones obligadas de personas, y de Justicia Militar, en la competencia de los tribunales penales castrenses.
La corte informó a EL UNIVERSAL que en su 55 periodo de sesiones, que incluye casos de países como Ecuador, Colombia y Guatemala, bajo la presidencia del brasileño Roberto Caldas y la vicepresidencia del mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, sus seis jueces evaluarán a México el 2 de septiembre, en audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de dos condenas por dos hechos ocurridos en el estado de Guerrero.
Uno de los casos es la desaparición del dirigente campesino mexicano Rosendo Radilla Pacheco, en un retén militar en Atoyac de Álvarez, el 25 de agosto de 1974, durante la “guerra sucia” contra las fuerzas guerrilleras izquierdistas mexicanas.
La sentencia contra México se produjo el 23 de noviembre de 2009, luego de 35 años de impunidad, en un caso en el que el aparato político y militar mexicano fue acusado de delitos de “lesa humanidad”, con impunidad y patrón sistemático de violación a los derechos humanos al combatir a la insurgencia; la familia de Radilla Pacheco negó que fuera guerrillero.
El otro caso es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogó como detención arbitraria y tratos crueles y degradantes contra los campesinos ecologistas mexicanos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, en Ajuchitlán del Progreso, el 2 de mayo de 1999.
Tras 11 años de impunidad, el fallo fue dictado el 26 de noviembre de 2010 y condenó a México por violar derechos de libertad, integridad personal, garantías y protección judicial de Cabrera García y Montiel Flores, en un operativo castrense, así como de incumplir “el deber” de reformar la jurisdicción penal militar.
La corte determinó que, con ambos campesinos, el Estado mexicano extendió “la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense”.
El máximo tribunal continental, ente de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, subrayó que supervisará las “reparaciones” que le impuso a México, como la “obligación” estatal de “investigar las violaciones cometidas” a las víctimas en “los alegados actos de tortura perpetrados por militares” contra Cabrera García y Montiel Flores, así como “la desaparición forzada” de Radilla Pacheco.