El IFAI, hoy y mañana
Hoy, como cada año, el IFAI rinde ante el Congreso de la Unión su informe sobre las actividades que realizó durante 2012 para hacer efectivos los dos derechos fundamentales que tiene encomendados: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Este informe del 2012 se caracteriza por dos circunstancias particulares:
1) 2012 fue el primer año en que el IFAI asumió cabalmente la responsabilidad de velar por los datos personales en posesión de los particulares. Ello implicó un gran reto para el IFAI porque tuvo que obtener un incremento de presupuesto para crecer significativamente en estructura y en personal, e incluso adquirir un nuevo edificio mediante arrendamiento financiero. Todo ello fue necesario a fin de desplegar sus funciones para atender las demandas de “derechos ARCO” de los ciudadanos (acceso, corrección, cancelación y oposición a sus datos personales), así como para verificar el cumplimiento de los principios que guían el tratamiento de los datos personales en todo tipo de empresas privadas, a lo largo y ancho del país. El IFAI hubo de desarrollar sendos cursos y talleres de capacitación para asociaciones de todo tipo, desde bancos hasta tiendas de autoservicio para dar a conocer las nuevas normas e ir generando la cultura de la protección de datos personales.
El reto de cumplir con esta nueva encomienda significó para el IFAI dejar de ser una institución pequeña y compacta para convertirse en una compleja, aunque con la misma vocación de ejercer plenamente su autonomía de funciones para impulsar la vigencia del acceso a la información y la protección de datos personales. El gran desafío fue crecer y desarrollar nuevas funciones manteniendo la unidad e integridad del instituto para darle cauce firme y consistente a los dos derechos fundamentales.
2) En 2012, en el contexto de la transición gubernamental, se lanzó una iniciativa de reforma constitucional para elevar a rango constitucional al IFAI; para homologar los principios, mecanismos y criterios de apertura de la información en todos los poderes y niveles de gobierno y para extender las obligaciones de transparencia a las instancias que no siendo gubernamentales reciben recursos públicos, tales como los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales.
Esta iniciativa, que después fue acompañada por las dos principales fuerzas políticas de oposición, hizo eco de la creciente exigencia de la sociedad en materia de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, una encuesta reciente de Ulises Beltrán muestra que de las diferentes reformas que están en proceso, la población considera que la de transparencia y combate a la corrupción son, sin duda, las más importante. Esto revela que la población tiene claro el impacto transversal que tienen estas reformas sobre las demás políticas públicas.
El informe de actividades 2012 muestra cómo las solicitudes de información en el ámbito federal han seguido creciendo para superar las 130 mil anuales y existe ya una masa crítica de usuarios de la ley de transparencia que son la palanca que activa constantemente esta nueva forma de relación entre una sociedad más vigilante y un poder más controlado. En este sentido, vale la pena destacar que la presencia de mujeres haya dado un salto significativo para pasar de 36% a 45% del universo de solicitantes.
El peso que hoy tiene la transparencia y la rendición de cuentas sobre la agenda pública explica por qué las nuevas propuestas de políticas en materia educativa, de telecomunicaciones o energética colocan a ambos valores como componentes insoslayables, pues se entiende que se busca ganar confianza ciudadana para las mismas.
Es por ello que en la reforma constitucional de transparencia está la apuesta para darles mayor solvencia y consistencia a las reformas del mañana que ya están aquí. La autonomía constitucional para los órganos garantes fortalecerá su capacidad para que la apertura informativa inyecte mayor eficacia y sentido de responsabilidad a la gestión pública.
De ahí que sea indispensable que las resoluciones del IFAI sigan siendo definitivas e inatacables para los sujetos obligados, sólo así podrá seguir cobrando sentido el mandato constitucional de “máxima publicidad” y de “información pública expedita”. Como bien ha dicho María Marván, consejera electoral y ex comisionada presidenta del IFAI: “constitucionalidad sin definitividad es demagogia”.
La reforma constitucional debe resolver obligadamente, también, que el nombramiento de los comisionados del IFAI satisfaga plenamente los criterios de independencia e integridad, que son indispensables para que la función de control y escrutinio sobre el poder que el instituto tiene asignada hoy siga siendo una realidad y no una ficción, mañana.