La condonación a Televisa
La condonación de la deuda de 3 mil 300 millones de pesos a la empresa de comunicación más poderosa de América Latina causó gran revuelo en amplios sectores de la población. Es reconocido oficialmente que en México los trabajadores y los profesionistas aportan al erario más recursos, correspondientes al ISR que todas las empresas juntas. Quienes defienden la condonación a la televisora han argumentado que el programa denominado “Ponte al corriente” es muy democrático, que su amplitud abarca a todos y todas las contribuyentes. Falso.
Veamos: en primer lugar, actualmente no existe un programa diseñado para condonar los descuentos fiscales de nómina que aportan los trabajadores. Por lo tanto, los beneficios, solamente están dirigidos para apoyar a las grandes empresas, que son las que cuentan con recursos económicos suficientes para pagar los servicios. Si bien en teoría cualquier empresa puede acceder a ellos, es obvio que a las pequeñas empresas “les saldría más caro el caldo que las albóndigas”. Esto debido a la “tramitología” y los costos de la contratación de los despachos fiscales, entre otros gastos.
Se ha señalado, de manera insistente, que la condonación fiscal con la que se ha beneficiado Televisa es legal, y que los responsables directos del diseño del programa son los diputados del actual Congreso de la Unión. Esto porque fueron ellos directamente los que aprobaron el Artículo 3 Transitorio de la Ley de Ingresos 2013.
Sin embargo, hay que recordar que un programa fiscal que beneficia solamente a un sector simplemente es inequitativo y por tanto contrario a la Constitución. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, de acuerdo al artículo 7 de la Ley del SAT, es el responsable de fungir como representante del órgano de consulta del gobierno en materia fiscal, y por lo tanto le corresponde a él proponer la política tributaria. El gobierno de Peña Nieto, por conducto de la SHCP, avaló la condonación en la Ley de Ingresos. No fue vetada. Sin embargo pareciera que ahora no se quiere asumir la responsabilidad en la creación del programa de condonaciones, que al inicio de cada sexenio se promueve para los grandes contribuyentes.
Recientemente la procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, ha salido a defender al gobierno federal señalando que efectivamente fueron los diputados y no Hacienda quienes redactaron el artículo. Con el respeto que me merece la funcionaria, sostengo que el objetivo de la procuraduría debiera ser la defensa de los contribuyentes, no la defensa del gobierno, incluso aunque de acuerdo con su lógica tuviera la razón. Según el artículo 5 de su ley orgánica, a la procuraduría le corresponde: asesorar y representar al contribuyente, y en el caso concreto: identificar problemas sistémicos que perjudiquen a los contribuyentes y proponer reformas.
Por si fuera poco, a diferencia de las condonaciones realizadas a todos los contribuyentes que se adhirieron al programa, Televisa dejó de pagar 90% de su deuda fiscal, mientras que las 27 mil empresas restantes dejaron de pagar 80%. Además, las deudas perdonadas en promedio no alcanzaron los 2 millones de pesos. En cambio la de la empresa televisora es mil 500 veces más grande: 3 mil 300 millones de pesos.
Militante del PT