57 aniversario del Tratado de Tlatelolco
14 de febrero se conmemoró el 57 aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como “Tratado de Tlatelolco”, por haberse adoptado y abierto a firma en esa misma fecha, pero de 1967, en la antigua sede de la Cancillería mexicana, ubicada junto a la zona arqueológica de Tlatelolco.
El pasado
El Tratado fue impulsado por el Gobierno de nuestro país y, en particular, por el entonces canciller Alfonso García Robles, promotor y conductor de las negociaciones para la adopción del mismo, y quien, en 1982, recibió el Premio Nobel de la Paz.
A continuación, algunas de las obligaciones plasmadas en el Tratado:
Las Partes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios:
El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma.
El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas,
Los recientes anuncios de “mediaciones” de sacerdotes con grupos de la delincuencia organizada en Guerrero nos muestra abiertamente la incapacidad y complicidad de las autoridades de los tres niveles de Gobierno para aplicar el monopolio de la violencia que tanto difundió Max Weber y sus seguidores.
Si queremos ser contractualistas, momentáneamente, debemos afirmar que la función primigenia del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes; aunque, también, debemos recordar que el Estado surgió para proteger la propiedad privada, como nos recuerda por mandato a terceros o de cualquier otro modo.
Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.
Las zonas libres de armas nucleares alientan la paz y la estabilidad a nivel regional y global, ya que proscriben la posesión de estas, su adquisición, producción, almacenamiento, emplazamiento y utilización. Por ello, el instrumento brinda plenas garantías para esas zonas —incluido Mongolia, que se declaró Estado libre de ese tipo de arsenal—, además de que alienta la creación de otras. Asimismo, se creó el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal), a fin de garantizar la observancia del Tratado.
Cabe señalar que los 33 países miembros del Opanal, cuya sede es México, emitieron un el viejo Engels.
Los susodichos pactos entre las organizaciones criminales exhiben la radiografía de las operaciones cotidianas de gavillas de extorsionadores y asaltantes contra pequeños y medianos comerciantes, ahogados con pagos de “derecho de piso” y compras exclusivas a empresas del crimen. “Impuestos” con plomo y amenazas.
Por supuesto, no seamos ingenuos, los gobernantes están vinculados a los delincuentes por intereses económicos, político-electorales y hasta miedo. Pero no es un asunto únicamente de personas “corruptas”, sino de un fenómeno estructural construido en los circuitos del control y la dominación. comunicado el pasado 14 de febrero. En él, manifestaron su preocupación por la amenaza que representa para la supervivencia de la humanidad la existencia de alrededor de 12 mil 512 ojivas nucleares, así como por el catastrófico impacto humanitario y las consecuencias ambientales de su uso o de cualquier detonación intencional o accidental.
De este número de ojivas, se estima que la Unión Americana posee 5 mil 200; Rusia, 5 mil 900, y el resto se reparte entre China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte.
No se puede olvidar que las armas nucleares son los únicos dispositivos capaces de terminar con cualquier forma de vida en la Tierra; que sus efectos generan la disminución o desaparición de poblaciones completas; que sus grandes cantidades de humo y polvo generarían un descenso de temperatura importante, debido a un bloqueo parcial de la luz solar, así como altos índices de contaminación del agua, lo cual sería un foco de enfermedades y epidemias, entre otras consecuencias.
La importancia del Tratado no radica solo en la visión que tuvo nuestro país para oponerse al desarrollo y a la utilización de la energía nuclear para fines bélicos, sino también en su intención de evitar que las generaciones presentes y futuras puedan padecer una eventual e irreversible catástrofe que muy probablemente termine con gran parte del planeta y muchas formas de vida que coexisten en él.
La conmemoración de un año más de existencia del Tratado de Tlatelolco nos recuerda, asimismo, el valor de la diplomacia multilateral y de los esfuerzos para seguir preservando la paz y la seguridad internacionales. Ahora, la delincuencia encontró más vetas para explotar: huachicol, robo de agua, de territorios, asaltos a transportistas, minas, comercio, tala ilegal, impuestos a productos de exportación como el aguacate o el limón, etcétera.
Como confesión, el inquilino de Palacio Nacional se aventó la puntada de palomear la intervención de los curas: “todos debemos contribuir a la paz”. Sin duda, su ignorancia es pariente muy cercana de la complicidad.
De ninguna manera es asunto de “todos”. Es el Estado y sus múltiples instituciones quienes reciben miles de millones de pesos de los contribuyentes para proporcionar seguridad y servicios de calidad. Otra cosa es que AMLO use esos recursos públicos para cumplir sus caprichos mientras el país vive “un genocidio a cuentagotas”, afirma Zaffaroni.
Tengamos presente que esos pactos narco-religiosos no tienen futuro. Son inestables, porque el negocio es efímero e insaciable. La ganancia como una categoría capitalista rompe todo, con o sin acuerdo. Ya vimos hace unas horas la masacre escenificada entre Los Tlacos y La Familia Michoacana por el control de territorios.
Por supuesto, las violencias seguirán en el país en tanto tengamos gobernantes asociados a la criminalidad, como los de Guerrero, protegidos por López Obrador. ¿Por qué será?
sucia que en general los medios de comunicación han emprendido en contra del Poder Ejecutivo tiene muchas consecuencias legales y políticas que se tendrán que afrontar. El problema no es sólo que en garantía de la libertad de expresión la estrategia haya sido defenderse respondiendo principalmente a través de las y las redes sociales. El asunto por resolver es definir, como sociedad, hasta qué grado pueden o deben permitirse las mentiras, la desinformación y el bombardeo de noticias falsas en el espectro mediático convencional.
La guerra
En un contexto como en el que hoy estamos viviendo, se reducen al máximo las posibilidades de tener elecciones genuinamente limpias y libres, mientras haya gente que está siendo manipulada y desinformada. Nos falta saber aún qué tanto esta reciente cascada de mentiras y calumnias haya afectado los resultados de la próxima elección. ¿Y si las encuestas mintieran y los poderes de la oligarquía –y sus encuestadores-, quisieran crear un ambiente de confianza que a la mera hora diera resultados diferentes? En un tiempo así todo puede suceder.
Es difícil decirlo, pero en esta situación de inequidad informativa el gobierno no ha podido garantizar el derecho de las audiencias. Todavía no vivimos una verdadera democracia comunicacional y menos un ambiente de justicia, equilibrio y pluralidad mediática para la competencia electoral que se avecina. Como lo dice el propio Presidente: el poder de la oligarquía que gobernó hasta el 2018 quiere a Kratos (poder) pero sin Demos (pueblo).
En el mismo sentido tenemos un Poder Judicial que protege a los traficantes de influencias y a los corruptos; un poder mediático que solo dice lo que no es y ha emprendido una vez más la embestida ya conocida como el “peligro para México” que hoy la inmoral oposición ha disfrazado de un “peligro para la democracia”. Con el nuevo INE no se cuenta completamente porque tampoco se sabe si en realidad está en condiciones de garantizar elecciones sin fraude, tal cual no lo hizo en contiendas anteriores.
Entonces ¿quién o quiénes son o serán los responsables de las consecuencias electorales que traiga este complejo escenario?
El tema general es que el gobierno tiene varios derechos a proteger: las elecciones limpias, la justicia para todos y la información plural y veraz. Esos derechos en nuestro país aún no se han logrado garantizar de manera integral. La razón principal es que el Poder Ejecutivo NO es el único responsable de todos los cambios necesarios; ni el Poder Judicial ni el mediático, menos el de los órganos al servicio de la oligarquía pudieron ser transformados. Sin duda esos serán los grandes pendientes para el futuro que viene. Por ahora el derecho de las audiencias deberá ser uno de los más importantes a garantizar y tendrá que quedar claro que en el futuro, una conferencia mañanera ya no será suficiente para detener la fuerte embestida.
El argumento más utilizado por ahora es que como el pueblo está muy despierto y consciente, sabrá dilucidar la verdad: que tiene las redes y otras opciones. Y en eso el Presidente puede tener la razón. Pero tal vez lo que no se ha pensado aún es que su carisma y fuerza moral son las columnas que en realidad mantienen muy vivo a este movimiento transformador. Entonces ¿qué pasará una vez que el líder carismático no esté en la escena?, pues nos quedará el legado de un Estado de derecho, mismo que aún falta por consolidar. Ese es el principal desafío del próximo gobierno.
Si encima de todos estos poderes adversos, considerando a la propia fuerza del imperio nefasto en nuestra contra, podemos lograr un nuevo gobierno que continúe y consolide esta transformación, será inminente plantear de manera muy seria todos los cambios necesarios. De otro modo, la continuidad de una verdadera transformación de la vida pública será muy difícil de lograr.