¿Sólo una fuerza armada y un mando civil?
En México el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y hace décadas que los presidentes provienen del mundo civil. La seguridad pública está bajo la conducción del presidente y del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde están presentes los titulares de todas las instituciones relacionadas con esa materia, mismo caso es el del Consejo de Seguridad Nacional.
Esta forma de trabajo que establece la ley ha permitido que las decisiones ante diferentes problemas se tomen de forma colegiada y en ambos espacios la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) tienen una voz, al igual que el resto de las instituciones del Estado mexicano. En otros términos, cuatro quintas partes de los actores que toman decisiones en materia de seguridad nacional y seguridad pública en el más alto nivel son civiles, lo cual será aún mayor si se da plena vigencia a la Ley de Seguridad Interior que prevé la participación del legislador.
De ese modo, es claro que las líneas de decisión en las Fuerzas Armadas atienden a un orden civil que es parte de nuestra normalidad institucional. En el Estado mexicano moderno la lealtad, compromiso y obediencia del instituto armado al orden civil en el marco de la ley nunca ha sido puesto en duda; sin embargo, también desde hace años se han hecho propuestas tendentes a que exista un poder intermedio entre las Fuerzas Armadas y el presidente de la República con diferentes figuras, desde un asesor en defensa y seguridad nacional hasta un secretario civil de la Defensa Nacional, bajo la pretensión de que esto daría un manejo democrático a las Fuerzas Armadas; una conducción quizá distinta, y un factor de representación diferente.
Sin embargo, ante estas iniciativas está un hecho sustancial y este es que las Fuerzas Armadas obedecen órdenes y bajo este principio se construye la disciplina, la doctrina y el adiestramiento militar; no se trata de instancias deliberativas, agencias mayoritarias o en su caso instituciones que sometan a discusión o al consenso sus misiones, claro está en el marco del derecho nacional e internacional que establece los alcances y límites de la acción militar.
Por otra parte, la idea de un Estado mayor conjunto, es decir, la unión de todas las Fuerzas Armadas en una sola instancia ha estado presente hace décadas en México, sin embargo, se tienen diferentes posiciones, algunas con alcances internacionales muy sensibles; la primera cuestión que ha estado en el debate es ¿cómo construir un Estado mayor conjunto? y la segunda ¿ cómo procesar las decisiones al interior?, ambas preguntas suponen una complejidad mayor que pocos expertos nacionales y globales podrían responder, y de entrada aparecen factores que podrían tensionar un entramado orgánico que durante décadas ha dado pruebas y constancia de funcionar de manera adecuada al servicio de la nación, por decir lo menos.
Un orden jerárquico diferente en Semar y Sedena es una decisión de Estado, en que habrían de considerarse distintos factores: a) gobernabilidad interna; b) líneas de mando; c) tradición y cultura institucional; c) sistema de ascensos e incentivos; d) régimen de seguridad social; e) estructuras operativas en el territorio nacional; f) interacción entre misiones, áreas funcionales y responsabilidad geográfica; g) posicionamiento geoestratégico ante otras naciones; h) armamento, capacidad bélica efectiva, y conducción de elementos con misiones especializadas en el marco de la seguridad nacional; i) doctrina, adiestramiento, y compartimentación de información sensible y otros 100 incisos como los anteriores más. Por ello sería relevante ponderar de qué se habla estructural y orgánicamente cuando se interesan cambios mayores en la lógica de operación interna, nacional e internacional de las Fuerzas Armadas. Ahora habría de imaginarse este proceso bajo la conducción de un civil.
Quizá sería deseable al mismo tiempo pensar en los recursos que precisan las Fuerzas Armadas para cumplir la serie creciente de misiones que se les han asignado de forma institucional en los últimos 20 años, que van del auxilio a la población civil en situaciones de desastre hasta la lucha contra la delincuencia organizada, pasando por misiones de vacunación, seguridad perimetral en misiones de otras agencias del Estado, reforestación, cuidado de litorales, islas y medio ambiente, resguardo de los elementos necesarios para el desarrollo de los procesos electorales, seguridad en caminos, y hasta puestos de revisión de mercancías, sumando en ello operaciones especiales para la seguridad pública en apoyo a las autoridades civiles.
Habría de analizarse por ejemplo que sólo la Ciudad de México tiene en policías más de un tercio del total del estado de fuerza con que cuenta el Ejército Mexicano para trabajar en todo el país. La dimensión de nuestro Ejército no es proporcional a la potencia intermedia que es México y ese mismo análisis habría de reflexionarse que nuestras Fuerzas Armadas lejos están de ser actores que permanezcan ajenos a la dinámica social, por el contrario actúan al lado y al seno del mundo civil todos los días, de lo cual se tiene un testimonio cotidiano.
Nuestras Fuerzas Armadas no tienen ni han tenido tensiones de mando, conducción, eficacia, lealtad institucional, ni de convivencia con las esferas civiles y sociales, o algo parecido, por ello, quizá lo deseable sería pensar cómo hacerlas más fuertes al servicio de México. El solo hecho de duplicar la flota armada de nuestro país daría mayor seguridad a los litorales, permitiría trabajar mejor contra la explotación ilegal de recursos, se podría evitar la introducción de mercancías ilegales, se protegería con mayor fortaleza el patrimonio que es de todos, y daría mayor protección a las Islas de México donde la biodiversidad está en riesgo.
Hace años que las Fuerzas Armadas conviven con el mundo civil: en el campo diplomático, en la investigación científica, en las aulas universitarias, en el combate a incendios en las zonas más recónditas del territorio, en toda clase misiones al servicio de la ciudadanía, y en tareas específicas como son el cuidado de nuestros recursos naturales, además de toda la serie de servicios médicos que llevan a las comunidades. Pensar en cambiar la estructura de mando y la lógica de trabajo de cualquier institución es un asunto mayor, más aun cuando se trata de la soberanía, la independencia y la integridad del Estado mexicano ante las comunidades de naciones.