Olvida Cdmx plan anticrisis de rentas
Desde el Congreso quedó congelado el debate para una reforma que proteja a arrendatarios e inquilinos
El Congreso analiza realizar foros que se traduzcan en una reforma que tenga consenso entre iniciativa privada y sociedad
CDMX. La pandemia ha provocado la desocupación de viviendas en renta, afectando a propietarios e inquilinos, mientras el Congreso de la Ciudad de México ha postergado el debate para aprobar una reforma que los proteja y el gobierno local no ha presentado ningún programa emergente al respecto
Según estimaciones del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso capitalino, Eduardo Santillán, 30 por ciento de las 633 mil 396 viviendas en renta que hay en la capital quedaron vacantes por esta problemática, afectando a propietarios que dependen del alquiler y a inquilinos que se ven desplazados por incapacidad de seguir costeando las rentas.
En ciudades de Argentina, Colombia y España entre marzo y abril se aprobaron medidas económicas y sociales que decretaban la suspensión de desalojos, congelamiento del cobro de rentas y se permitió la posibilidad de solicitar una moratoria en el pago del alquiler en caso de que los caseros fueran grandes propietarios de inmuebles.
En el caso de la Ciudad de México, en julio diversas organizaciones sociales, entre ellas la Coalición Internacional para el Hábitat en América Latina (HIC) y la 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, propusieron reformar
AGUILAR el Código Civil para dar mayor protección a inquilinos durante la contingencia sanitaria, la cual fue adoptada por la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila y la diputada del mismo partido, Valentina Batres, pero quedó congelada días después por las mismas legisladoras.
La iniciativa planteaba, entre otras cosas, que los contratos de arriendo no serían menores a tres años, que no se podría desalojar a un inquilino “aun por incumplimiento del pago de renta” o que no se solicitara “fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía”.
Sin embargo, fue criticada por dueños e inmobiliarias como un atentado a la propiedad privada.
En entrevista con
Silvia Emanuelli, de la HIC-AL, reconoce que la iniciativa es perfectible, pero el problema de arriendo sigue, por lo que “nos proponemos reflexionar las principales críticas recibidas a la iniciativa y encontrarle una eventual solución.
Se planteaban cuestiones estructurales que de alguna manera nos permitirían de aquí en adelante repensar la relación inquilinaria a partir de los derechos humanos, no exclusivamente desde la perspectiva del derecho civil. Sí creemos que sigue siendo relevante ese debate”.
Hasta el momento la Ciudad de México no ha realizado modificaciones legislativas para intentar contener la crisis de rentas, como ha informado este diario en días pasados. Cuestionado al respecto, Santillán reconoció que están pensando realizar foros que se traduzcan en una reforma que tenga consenso entre iniciativa privada y organizaciones sociales. Adelantó que temas como que haya contratos obligatorios de tres años o que no se exijan fianzas están fuera de discusión por considerar que no tienen viabilidad.