UGT, al banquillo por saquear a los parados para sus gastos
Procesados por fraude y falsedad documental el ex secretario general del sindicato en Andalucía, tres dirigentes y otras once personas ▶ Desviaron más de 40 millones con facturas falsas
El caso de las facturas falsas de UGT-A llevará al banquillo a la antigua cúpula del sindicato en Andalucía. El juez instructor ha dado por cerrada la investigación y ha dictado un auto por el que se procesa al ex secretario general Francisco Fernández Sevilla y a otras 14 personas relacionadas con la elaboración de facturas falsas para el desvío de 40,7 millones de euros en subvenciones a los parados de la Junta de Andalucía.
• Tras seis años, el juez concluye la investigación con 14 imputados y eleva el fraude de las facturas falsas a 40,7 millones • Entre los alquileres bajo sospecha se incluye un contrato de arrendamiento entre Soralpe y el PSOE
La antigua cúpula de UGT Andalucía está más cerca del banquillo. Tras seis años de investigación, el juez ha concluido la instrucción de la supuesta trama diseñada por la federación andaluza ugetista para financiarse de forma irregular con el desvío de las subvenciones que le concedía el anterior gobierno andaluz del PSOE para la formación de los parados, a través de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos. El juez ha elevado el supuesto fraude a 40.750.047,74 euros.
El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, dictó ayer un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Es la fase previa a la celebración del juicio y la calificación de los hechos de las partes, a las que el juez da un plazo de 20 días para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
La causa judicial se abrió tras las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios de comunicación, que publicaron todo tipo de pruebas, facturas y correos electrónicos que corroboraban el supuesto fraude. Después, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron por orden judicial la sede del sindicato y recabaron más pruebas sobre los desvíos millonarios de subvenciones.
Entre los años 2009 a 2013, el juez instructor considera que los responsables de UGT-A y sus «proveedores de confianza» se pusieron de acuerdo para «facilitar al sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias». Ello suponía la «aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», dice el juez.
Entre las técnicas utilizadas para este objetivo «ilícito» figuran el bote, el rápel y los alquileres ficticios, de los que viene informando este diario desde años atrás. A través del rápel, el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, «sin que dichos descuentos se declararan a la Administración, que otorgaba la correspondiente subvención completa», advierte el juez.
El bote, que llegó a figurar en el manual de contabilidad de UGT-A, como destapó este diario el 1 de octubre de 2013, se generaba mediante el pago a proveedores de «facturas simuladas», que no correspondían a ningún servicio prestado, pero que «eran imputadas a programas subvencionados», recoge el auto. El bote, que el sindicato usaba para financiar sus actos, se controlaba a través del programa informático Spyro.
La tercera vía de «financiación fraudulenta» era el alquiler ficticio de aulas para cursos que se canalizaba a través de la mercantil Soralpe I Mas Asociados S.L. –de la que UGT-A era socio único–, a la que el sindicato le había cedido en usufructo los locales de su propiedad. Como los alquileres se podían utilizar para justificar las subvenciones de cursos de la Junta, el sindicato aportaba las facturas de Soralpe a Ifes (Instituto de Formación y Estudios Sociales), el ente de UGT encargado de impartir los cursos subvencionados. Así se generaba «de forma artificial un gasto subvencionable», afirma el juez.
Entre los alquileres bajo sospecha figura también un contrato de arrendamiento firmado el 12 de enero de 2010 entre el PSOE de Nueva Carteya y Soralpe, por el que se arrienda el local ubicado en la calle Francisco Merino, número 11, precisa el auto.
Este local fue inaugurado en 2010 por los entonces líderes nacional y regional de UGT, Cándido Méndez y Manuel Pastrana, además de por el ex presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, en aquel momento secretario provincial del PSOE cordobés. En 2014, el ex alcalde e histórico líder local del PSOE Antonio Ramírez reconoció a El Confidencial que UGT había contribuido al mantenimiento de la sede socialista «de forma legal y transparente» abonando una renta de unos 500 euros mensuales. De ahí que el PSOE se financiara también a través de esta sede y de las subvenciones de la Junta, algo que niegan los responsables del PSOE andaluz.
Entre los 14 investigados figuran Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir como secretario general de UGT-A por el escándalo de las facturas falsas en diciembre de 2013, tras permanecer solamente siete meses en el cargo. Su antecesor, Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A desde 1998 a 2013, pese a que figuró como imputado, finalmente el juez ha acordado el archivo de las actuaciones sobre él debido a la enfermedad que padece. Sin embargo, el magistrado destaca que por «decisión directa» de Pastrana se implantó en el sindicato una central de compras en 2006 que tuvo «especial relevancia» en dos mecanismos para desviar subvenciones: el rápel y el bote.
Otro investigado es Federico Fresneda, tesorero de UGT-A durante 15 años entre 1998 y 2013. El juez dice de él que, en la «mecánica defraudatoria dentro de UGT-A», era de «especial relevancia» su labor. Fresneda contaba «con el apoyo directo» de Fernández Sevilla, María Charpín, secretaria de gestión económica, y Dolores Sánchez, responsable del departamento de compras. Ambas también figuran como investigadas. Charpín, miembro de la Agrupación Centro del PSOE de Sevilla, fue vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal.
El investigado Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe, prestó «auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato. El resto de imputados son proveedores de confianza del sindicato que confeccionaron facturas falsas para justificar las ayudas de forma irregular.